"Existe el riesgo de privar ilegalmente al presidente" de su "protección jurídica" contra "procesos de destitución injustificados" y "acusaciones infundadas", alertó el abogado Wim Trengove en la segunda y última jornada de la audiencia ante el Tribunal Superior del Cabo Occidental.
Trengove reiteró varias veces este argumento frente a los abogados de varios partidos opositores y de un comité parlamentario, que piden al tribunal que desestime la petición de Ramaphosa para detener un proceso relacionado con un informe elaborado en 2022 por un panel independiente y que lo acusa de las citadas infracciones.
El mandatario busca una interrupción temporal de los trabajos del citado comité, que evalúa su posible destitución, hasta que se resuelva otro recurso que él mismo presentó en mayo ante la misma corte contra el informe de 2022 y que tiene una audiencia programa del 2 al 4 de septiembre.
Frente a los argumentos de las otras partes, que alegan que Ramaphosa presentó su solicitud demasiado tarde, Trengove afirmó que "no es justo culpar al presidente por el retraso injustificado en el caso", del cual, según él, no es responsable.
En cambio, el letrado Dali Mpofu, que representa al opositor uMkhonto weSizwe (Partido MK), tercer partido del país, defendió que debe priorizarse "el daño" que una paralización del proceso podría causar en los derechos del pueblo sudafricano.
Asimismo, Mpofu tildó de "muy especulativo" el supuesto daño reputacional "irreparable" que Ramaphosa afirma que podría sufrir.
El tribunal, presidido por el juez André le Grange, afirmó que emitirá su fallo a finales de la próxima semana.
El proceso de destitución se reanudó el pasado 8 de mayo, después de que el Tribunal Constitucional declarara "inválida y nula" la votación en la que el Parlamento rechazó en 2022 el informe, que concluye que, "prima facie" (a primera vista), Ramaphosa pudo haber cometido una "violación grave" de varias leyes anticorrupción.
El documento hacía referencia al escándalo del robo millonario sucedido en febrero de 2020 en una granja propiedad de Ramaphosa en Phala Phala (norte), cifrado por el presidente en 580.000 dólares (unos 507.000 euros al cambio actual) y que llevó a un partido minoritario a presentar una moción y a la creación del panel.
Ese partido acusaba al mandatario, entre otros cargos, de incumplir la Constitución, que prohíbe a los miembros del Gobierno ejercer otras labores profesionales remuneradas, después de que Ramaphosa admitiera que se dedica a la venta de animales de presa, al asegurar que el dinero robado provenía de ese negocio (donde es habitual el pago en efectivo) y no de lavado de dinero.