El múltiple crimen, ocurrido en la comunidad de Rigores, en el Bajo Aguán, debe dar lugar a que "los responsables sean llevados ante la justicia, a reparaciones para las víctimas y que se garantice la no repetición de ataques contra las comunidades campesinas", sostuvo Tidball-Binz, un médico especializado en ciencia forense, derechos humanos y acción humanitaria, todas estas áreas en las que tiene una amplia experiencia.
En el hecho denunciado, un total de catorce hombres, tres mujeres y tres niños, entre ellos dos de 14 años y uno de 17, fueron asesinados por hombres armados presuntamente vinculados a grupos criminales.
"En una región históricamente marcada por conflictos relacionados con el uso de la tierra, la industria de la palma aceitera y las actividades de redes criminales que operan en la zona, esta atrocidad exige una respuesta inmediata, efectiva y transparente por parte del Estado, conforme a las normas internacionales de derechos humanos", recalcó.
Asimismo, sostuvo que la justicia debe alcanzar tanto a quienes cometieron esos crímenes, como a quienes los planificaron, ordenaron o facilitaron.
"Ninguna persona, grupo o institución que haya participado directa o indirectamente en estos crímenes debe quedar fuera del alcance de la justicia", enfatizó Tidball-Binz
Sobre los sobrevivientes y sus familiares, sostuvo que "la reparación no puede limitarse a una compensación económica" y debe considerar de forma integral los daños materiales, morales y sociales ocasionados por estos hechos.
El relator también dijo que la sociedad hondureña "no puede aceptar que una tragedia de esta magnitud permanezca sin esclarecer y sin sanción".