A finales de 2025, la Administración Civil de Israel (el órgano militar que gestiona Cisjordania como territorio ocupado) informó al Ayuntamiento del pueblo de Sebastia de su intención de expropiar toda la acrópolis del yacimiento y áreas circundantes que son propiedad privada de la población. En total, 180 hectáreas.
"Este proceso (el trámite de emergencia) está dirigido precisamente para lugares que están en disputa, que están amenazados", explicó a EFE Alon Arad, director de la ONG israelí Emek Shaveh, que lucha contra la politización de los sitios arqueológicos en Jerusalén, Cisjordania e Israel.
El de Sebastia es un yacimiento arqueológico cuyos inicios se remontan a los siglos VIII y IX a.C., cuando allí se situaba la capital del antiguo Reino de Israel, Samaria (hoy, el nombre con el que nacionalistas israelíes se refieren al norte de Cisjordania).
También allí se encontraron objetos del periodo helenístico, y durante el romano el rey Herodes I fomentó la construcción y la renombró como Sebaste. En el siglo XI d.C., los cruzados levantaron sobre la basílica bizantina previa (en la que estarían los restos de Juan el Bautista) una catedral.
Tras la conquista islámica, allí se alzó una mezquita en honor del profeta Yahya (el nombre en árabe de Juan el Bautista). Finalmente, Sebastia pasó a formar parte del Imperio Otomano en el siglo XVI, junto al resto de Palestina.
Sebastia está atravesado por el reparto de autoridades que establecieron los Acuerdos de Oslo II entre Israel y Palestina en 1995, dividiendo en tres áreas el enclave: la zona A, de control militar y administrativo palestino; la B, de control administrativo palestino y militar israelí; y C, de control militar y administrativo por Israel.
El yacimiento se encuentra en el área C, mientras que el pueblo, de unos 3.600 habitantes, está en la B. En febrero recibieron una nueva y más definitiva orden de expropiación (ignorando sus apelaciones) por parte de la Administración Civil israelí.
El Gobierno de Israel pretende desarrollar allí el 'Parque Nacional de Samaria', orientado al turismo israelí en territorio ocupado, en un plan que cuenta con una financiación por un valor de más de 9 millones de euros (más otros 46 millones dedicados arqueología en toda Cisjordania).
Pese a la autoridad israelí en el área C, este es un enclave sobre el que Israel no tiene soberanía y es una potencia ocupante, por lo que según el derecho internacional su obligación es "salvaguardar los yacimientos arqueológicos en beneficio exclusivo de la población ocupada", explica Arad.
"Israel no tiene permitido hacer excavaciones científicas, no puede llevarse hallazgos arqueológicos desde Cisjordania a Israel. Israel no tiene permitido desarrollar estos lugares para los turistas israelíes", recalca.
En mayo de 2025, el Ministerio de Patrimonio de Israel comenzó a excavar el yacimiento valiéndose de un órgano de la Administración Civil de Cisjordania, sin coordinación o el consentimiento de las autoridades palestinas.
La Unesco ya ha incluido en su lista de Patrimonio Mundial seis lugares de los territorios palestinos. El primero fue la ciudad vieja de Jerusalén, inscrito en 1981.
En Cisjordania lo están la Basílica de la Natividad y la ruta de peregrinación en Belén (2012), la tierra de olivares y viñas de Battir (2014), la ciudad vieja de Hebrón (2014) y la antigua Jericó o Tel es Sultán (2023). En Gaza figura como Patrimonio Mundial el Monasterio de San Hilarión, que entró en 2024, en plena ofensiva de Israel contra el enclave.
Battir, Hebrón y San Hilarión figuran como Patrimonio Mundial en Peligro. En los olivares de Battir están amenazados por la expansión de asentamientos de colonos israelíes; la ciudad vieja de Hebrón está sometida a constantes cierres arbitrarios por el Ejército de Israel y techada con redes metálicas para evitar que en sus calles caiga la basura que lanzan los colonos desde los edificios que ocupan.
Mientras que San Hilarión se ha visto dañado por los bombardeos israelíes en Gaza.
Que Sebastia fuera reconocido como Patrimonio Mundial de la Unesco (lleva en la lista preliminar para ello desde 2012) pondría en una "situación problemática a Israel", dice Arad.
"La gente que ejecuta cambios en el yacimiento son arqueólogos, y los arqueólogos son mucho más vulnerables a la presión internacional", desgrana, poniendo en duda que los miembros del gremio quieran arriesgar sus lazos con la comunidad científica mundial.