El pasado jueves, la FGR arrestó a Ruffo Appel, acusado de delincuencia organizada y contrabando, como parte de una investigación sobre una red de contrabando de combustible.
Previamente, Ruffo había rechazado cualquier irregularidad y aseguró que colaboraría con las autoridades en caso de ser requerido.
En un comunicado, la FGR explicó que tras casi 40 horas de audiencia por videoconferencia, la juez Alejandra Ramírez de la Vega, dictó la medida y apuntó que durante la audiencia inicial se expusieron casi una centena de datos de prueba y el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada formuló la imputación por los citados ilícitos.
Tras diversos recesos durante la audiencia, explicó el comunicado, el MPF logró obtener para los imputados Ernesto Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés, Juan Hermilo Chávez y Luis Antonio Barrientos el mandato provisional de prisión preventiva, la cual deberán cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 El Altiplano, en el central estado de México.
En el caso de José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillen quedará interna en el Centro de Readaptación Social (Cereso) Nezahualcóyotl Sur, también en el estado de México.
La FGR relató que luego del debate entre las partes, la defensa de los imputados "se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica. Es decir, los imputados y su defensa legal solicitaron extender el plazo legal (de 72 a 144 horas) para que un juez determine su situación jurídica, este tiempo le da a la defensa tiempo extra para recabar pruebas.
Ruffo Appel, de 74 años, fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México al ganar en Baja California en 1989, abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN).
Posteriormente, el mismo jueves, la FGR informó que desarticuló una red dedicada al contrabando y distribución ilegal de combustible que habría causado un daño al erario superior a 4.000 millones de pesos (unos 230 millones de dólares) y como parte de la investigación se emitieron órdenes de captura contra 25 personas.
De acuerdo con la fiscal Ernestina Godoy, la organización utilizaba carro-tanques ferroviarios para introducir combustible desde refinerías de Texas, declarando cantidades menores o productos distintos a los realmente transportados para evadir impuestos.