"No podemos dejar un caso como este en manos de la justicia solamente, sino apoyando como panameño y auxiliares de la justicia para precisamente que se haga justicia por esas personas que perdieron la vida", explicó este lunes a EFE Basilio González, comisionado de la Alianza panameña por los Derechos Humanos.
El 19 de julio de 1994, el vuelo 901 estalló pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Colón, una zona en el Caribe de importancia comercial, con destino a Ciudad de Panamá, matando a sus 21 ocupantes, la mayoría de origen judío, pero también ciudadanos panameños y estadounidenses.
El ciudadano colombiano de origen libanés Lya Jamal fue identificado como el terrorista suicida que hizo estallar la bomba en el avión.
Tras permanecer cerrado desde 2006, en el 2019 se reabrió el caso que, según Israel y EE.UU., involucra al grupo islamista libanés Hizbulá como responsable.
Este 2026 se han registrado avances claves para el caso, pues el ciudadano colombo-venezolano Ali Zaki Hage Jalil, un presunto terrorista vinculado con el ataque, llegó a Panamá en abril extraditado desde Venezuela y en junio un tribunal declaró el proceso como causa compleja y concedió a la Fiscalía un año adicional para culminar la pesquisa.
La defensa del sospechoso apeló a la Corte Suprema en su intento de conseguir la prescripción de la acción penal alegando que han trascurrido más de 20 años de los hechos y que ese sería el máximo de la pena aplicable según el Código Penal vigente al momento del atentado, según información de la prensa local.
"En este caso, lo que se está esperando es que se fije una fecha de audiencia después del término del vencimiento del término de un año que se le ha dado a la fiscalía para que continúe con las investigaciones", explicó González, abogado de profesión.
Los familiares y allegados de las víctimas conmemoraron este lunes los 32 años del atentado en un acto en Ciudad de Panamá recordando que los fallecidos "sin distinción de origen o creencias, eran seres humanos dedicados a su trabajo y a sus familias", según un comunicado.
"Es difícil entender el por qué. Nosotros, Panamá, somos un país pacífico. No le encuentro razón, el porqué tendría que ser aquí. En ningún país, en ningún lado debería ser", dijo a EFE Marta Márquez, madre de uno de los fallecidos durante el ataque aéreo.
El comité Conciencia Viva, compuesto por familias de las víctimas del atentado, recordó en un comunicado que la justicia "no podrá devolver a quienes perdieron la vida, pero puede brindar respuestas, reconocimiento y tranquilidad a sus familias" y presentaron un proyecto de monumento para recordar a los fallecidos.
"Cuando ocurren eventos como estos (...) creo que es la única forma de reponer, en cierta forma porque la vida obviamente no se puede traer de vuelta, es esperando que llegue finalmente la justicia que tanto se ha esperado", señaló Alberto Levy, de ese comité.