El objetivo es "construir una economía social de mercado sustentada en un Estado democrático de Derecho", explican los expertos que firman este documento de 120 páginas: Mauricio de Miranda, Pedro Monreal, Omar Everleny Pérez, Ricardo Torres y Pavel Vidal.
"Cuba necesita emprender un proceso integral de transformación que permita estabilizar la economía, recuperar sus capacidades productivas e institucionales y construir un nuevo modelo de desarrollo capaz de generar prosperidad, equidad y oportunidades para todos los ciudadanos", afirman.
A su juicio, la "magnitud" de la crisis hace "inviable" tratar de atajarla con "medidas parciales o ajustes administrativos": "Cuba necesita emprender un proceso integral de transformación".
Reconocen que para lograr estos cambios es "indispensable" de forma paralela un "avance sustantivo" en las negociaciones entre La Habana y Washington -que, entre otras cuestiones, alivien las sanciones-, así como un "importante apoyo" internacional a nivel político y financiero.
De igual manera serán precisas un grupo de "condiciones políticas internas para iniciar la sustitución del modelo vigente" pues la crisis "no es únicamente económica", sino que expresa el "agotamiento" del sistema político y económico.
El programa, que no analiza ni critica el reciente plan de 176 reformas del Gobierno cubano, resalta que la crisis de la isla no es "un fenómeno coyuntural" ni fruto exclusivo de la actual presión de EE.UU., aunque reconoce que esto ha "agravado significativamente la situación".
Cuba, explican, "enfrenta la crisis económica y social más profunda de su historia contemporánea" por "la convergencia de factores internos y externos", del "agotamiento" de su modelo económico y los "errores" en política económica al "endurecimiento de las sanciones" de EE.UU.
El documento cita, entre las principales "dificultades" que afronta Cuba, la "profunda descapitalización" de la isla, el "deterioro de las finanzas públicas", la crisis energética, las "limitaciones" del sistema financiero y el "reducido acceso" de La Habana a financiamiento externo.
La propuesta se marca un proceso "continuo y coherente" de tres años que arranca con una etapa de estabilización macroeconómica y medidas para frenar el deterioro y apoyar a los vulnerables, continúa con una recuperación de "las capacidades productivas e institucionales" y culmina con "una estrategia de desarrollo a mediano y largo plazo".
Los cinco expertos subrayan que la crisis energética -con apagones diarios de más de 20 horas en la capital y de hasta tres días en provincias- "ocupa un lugar prioritario" en su programa. "Más que un problema sectorial", esta situación es "una de las principales restricciones" a la recuperación.
El informe, que irá recibiendo actualizaciones periódicas, destaca la importancia del mercado -"en la asignación de recursos y en la formación de precios"-, la empresa privada -"como principal generadora de inversión, innovación y empleo"-, la seguridad jurídica y la diáspora.
"La diáspora constituye una parte inseparable de la nación y un activo estratégico para la reconstrucción del país" por su "experiencia, capacidades profesionales, redes internacionales, capital y compromiso con Cuba".
Los economistas coinciden en resaltar que las sanciones estadounidenses son "uno de los principales obstáculos para la recuperación" cubana y apuntan a que ésta precisará de una "flexibilización sustancial" de esas medidas de coerción.
Las sanciones limitan "severamente" el acceso de Cuba a "mercados, financiamiento, tecnología, inversión y mecanismos normales de pago internacional", señalan.
El Gobierno cubano presentó en junio un paquete con 176 reformas para liberalizar y descentralizar la economía de planificación central de la isla tras meses de presión económica, política e hasta militar de Washington.