Según comunicó a EFE el fabricante alemán de vehículos, "ningún accionista posee más del 10 % de las acciones" y "ninguno de los accionistas está representado directamente en el consejo de supervisión ni tiene derechos de decisión sobre la sobre la empresa y sus actividades comerciales".
"Dichas decisiones las toma exclusivamente el consejo de administración del Grupo Mercedes-Benz", agregó la compañía alemana, participada en un 9,98 % por el grupo automovilístico del Estado chino BAIC Group y un 9,69 % por Tenaciou3 Prospect Investment Limited, del inversor Li Shufu, fundador de la firma de coches eléctricos e híbridos china Geely.
"Mercedes-Benz mantiene un diálogo regular con los responsables políticos y las partes interesadas relevantes sobre temas de política económica, comercial e industrial", comentó la compañía sobre eventuales contactos con los políticos responsables del debate legislativo estadounidense que podría afectarle.
En la legislación que prepara el Senado de Estados Unidos puede leerse, en la sección cuarta de la conocida como "Ley de Seguridad de los Vehículos Conectados de 2026", que después del 1 de enero de 2027 se prohibiría "la importación, manufactura, venta, reventa o introducción en el comercio" de un vehículo si se cumplen determinadas condiciones.
Entre esas condiciones figura la de que "el fabricante del vehículo conectado es una empresa conjunta, una filial u otra entidad en la que más del 15 % de la participación en el capital social, los derechos de voto, la representación en el consejo de administración u otros indicios de control, ya sea de forma directa o indirecta, esté en manos de terceros ".
Entre los países afectados por la prohibición, además de China, figuran Rusia, Irán y Corea del Norte.
Según datos del Grupo Mercedes-Benz, la empresa alemana emplea, sólo en Estados Unidos, a 160.000 personas, y en suelo estadounidense, en los últimos diez años, ha invertido una media anual de 1.000 millones de dólares (unos 875 millones de euros).