La sentencia del Juzgado Federal del municipio de Itaituba, en el estado amazónico de Pará, establece que no puede presumirse la legalidad del oro ni la buena fe de quien lo adquiere, en línea con una decisión previa del Supremo Tribunal Federal.
La decisión responde a una acción presentada por el Ministerio Público para combatir la práctica de comercializar oro extraído ilegalmente con base en documentos falsos, como si tuviera un origen legal.
Según la entidad, buena parte del esquema corresponde a oro extraído de tierras indígenas que, para aparentar legalidad, se vincula de forma fraudulenta a permisos de minería artesanal, lo que facilita su comercialización como si tuviera un origen regular.
Este tipo de operaciones se concentra especialmente en los municipios de Itaituba, Jacareacanga y Novo Progresso, en Pará.
De acuerdo con la sentencia, la "disfunción estructural" en los mecanismos de control de la cadena del oro y la fragilidad de los sistemas de certificación de origen permitieron que el fraude se produjera de manera sistemática.
Entre las medidas impuestas al Gobierno Federal figura la puesta en marcha de la factura electrónica para el oro, considerado activo financiero, y la ejecución de las acciones previstas para la Amazonía, como la prevención y control de la deforestación.
Asimismo, la sentencia exige el funcionamiento efectivo de la recién creada comisaría especializada en medio ambiente de la Policía Federal en Itaituba.
La ANM deberá concluir la revisión de la normativa sobre los permisos de minería artesanal, revisar los títulos vigentes en la región y evaluar la cancelación de aquellos que presenten irregularidades, además de implementar mecanismos de certificación del origen y de trazabilidad del oro.
Por su parte, el Banco Central tendrá que reforzar la supervisión de las instituciones autorizadas para adquirir oro en primera instancia y comunicar a las autoridades competentes cualquier actuación de personas o empresas no habilitadas para operar en ese mercado.
Para verificar el cumplimiento de las medidas, la Justicia determinó que el Gobierno Federal, la ANM y el Banco Central presenten informes semestrales con indicadores objetivos, metas y cronogramas. El primero deberá entregarse en un plazo de 180 días, bajo pena de multa.
La minería ilegal representa una amenaza significativa para la Amazonía brasileña, la más extensa selva tropical del planeta, pues causa deforestación, contaminación de los ríos y desplazamiento de comunidades locales.