El ministro neerlandés de Exteriores, Tom Berendsen, envió este martes una carta al Parlamento, junto al decreto que desarrolla la prohibición, en la que explicó que la norma prohíbe importar, comprar, vender o intermediar en el comercio de bienes de esos asentamientos y obliga a las empresas neerlandesas que operan en el extranjero a respetar esas restricciones.
La medida tendrá, en principio, una vigencia de tres años y el veto afecta solo a los bienes originarios de asentamientos israelíes en territorios ocupados, como Cisjordania y los Altos del Golán, y no a los productos procedentes del territorio reconocido a nivel internacional de Israel.
El Ejecutivo afirma que "la ocupación israelí de los territorios palestinos y de los Altos del Golán sirios, y los asentamientos israelíes establecidos allí, son ilegales", y asegura respaldar el llamamiento de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para poner fin a esa situación, respetando al mismo tiempo "los intereses legítimos de seguridad de Israel".
La decisión llega después de que el Gobierno neerlandés intentara sin éxito impulsar una prohibición similar en toda la Unión Europea. Al no lograr el apoyo suficiente entre los países miembros, optó por adoptar medidas nacionales, al igual que ya han hecho Bélgica, España e Irlanda.
El decreto se apoya, entre otros puntos, en la opinión consultiva emitida por la CIJ en julio de 2024, que concluyó que la ocupación israelí de los territorios palestinos es contraria al derecho internacional y señaló que los países deben abstenerse de contribuir a su mantenimiento, lo que incluye actividades económicas como el comercio de bienes.
Según el Gobierno, la entrada en vigor dos meses después de la publicación responde al carácter urgente de la medida. El texto advierte de que un plazo mayor permitiría que empresas e individuos adelantaran importaciones de mercancías procedentes de los asentamientos, lo que "socavaría el objetivo de las medidas".
La construcción de asentamientos israelíes en Cisjordania y los Altos del Golán es considerada ilegal por Naciones Unidas y por la mayor parte de la comunidad internacional, que también ha denunciado de forma reiterada la violencia ejercida por colonos contra la población palestina.
La decisión neerlandesa coincide con nuevas declaraciones de miembros del Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu -que tiene una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra y lesa humanidad en Palestina- pidiendo restablecer los asentamientos en la Franja de Gaza, de donde Israel retiró a sus colonos en 2005.