"Estamos dando seguimiento permanente a los casos reportados por la ciudadanía a través de nuestras distintas plataformas. Exigimos soluciones inmediatas a las inconsistencias que continúan afectando a los clientes y usuarios del servicio eléctrico", dijo la administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez Crespo.
En Panamá hay tres distribuidoras: Elektra Noreste (ENSA), propiedad de la colombiana Empresas Públicas de Medellín (EPM); la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste (Edemet) y Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí (Edechi), las dos últimas de Naturgy.
Todas operan bajo un esquema de empresa mixta, del que el Estado conserva al menos un 48%.
La autoridad de servicios públicos exigió a las tres distribuidoras, tras una reunión con sus directivos, adoptar acciones para "reducir las fluctuaciones de voltaje, agilizar la reparación de luminarias del alumbrado público y corregir los ciclos de lectura de medidores que superan el período establecido por la normativa vigente, entre otras observaciones", según la información oficial.
El plan, destaca el comunicado, incluye medidas para atender reclamaciones "relacionadas con altos consumos de energía, la falta de notificación previa al reemplazo de medidores, demoras en la atención de requerimientos formulados por la entidad reguladora, prolongados tiempos de espera en las agencias comerciales y la gestión de reclamos por daños en equipos eléctricos".
La medida surge tras una fuerte disconformidad social por apagones y tarifas altas, agravada por un incremento en el consumo superior a 300 kWh tras vencer un subsidio estatal. Además, las tres distribuidoras han sido objeto de multas que alcanzan los 68 millones de dólares por fallas en el servicio, fallas en el servicio entre 2019 y 2024.
El Gobierno de Panamá informó el pasado 16 de junio sobre la aprobación de un proyecto de ley para mejorar el servicio eléctrico por medio de reforzar los derechos de los usuarios, acelerar reclamos, asegurar que las multas beneficien al cliente y fomentar la competencia previa a las concesiones de 2028.
Además, días antes, la oficina de protección al consumidor de Panamá propuso al rector del sector eléctrico abrir el mercado para que los usuarios residenciales puedan elegir a cuál distribuidora comprar la energía.