Los grupos exigieron la restitución "inmediata" de ese requisito, en cumplimiento con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, y reclamaron una aplicación rigurosa de esta disposición, que calificaron de "crucial para proteger a los estudiantes de la discriminación sistémica basada en la raza, el color y el origen nacional".
"Todo estudiante, independientemente de su origen, tiene derecho a cursar sus estudios sin discriminación. La medida adoptada hoy carece de fundamento legal y moral y constituye una prueba más de la determinación de esta administración de socavar nuestras leyes, abandonar la aplicación de los derechos civiles y negar la existencia de discriminación sistémica", indicaron las organizaciones en un comunicado conjunto.
El Registro Federal publica este jueves la nueva norma aprobada por el Departamento de Educación bajo el título "Derogación de las directrices para la eliminación de la discriminación y la denegación de servicios por motivos de raza, color, origen nacional, sexo y discapacidad en los programas de formación profesional".
El Departamento defendió la medida en un comunicado y aseguró que supone "un importante paso de desregulación" al reducir "la burocracia innecesaria y los requisitos administrativos onerosos" para los estados y los centros educativos.
Según el Gobierno, la decisión elimina de la normativa que desarrolla el Título VI del programa de Métodos de Administración (MOA, por sus siglas en inglés), que durante décadas ha impuesto requisitos federales "innecesarios" a los programas de Educación Técnica y Profesional (CTE).
El Departamento argumenta que el programa MOA, establecido en 1979, obligaba a los estados a realizar revisiones de cumplimiento "onerosas y redundantes" para garantizar que los programas de CTE respetaran las leyes federales de derechos civiles, una exigencia que se aplicaba únicamente a este tipo de programas.
Con esta decisión, el Departamento de Educación se alinea con la política de la Administración del presidente Donald Trump de poner fin a las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
Las organizaciones de derechos civiles advirtieron de que la derogación perjudicará a estudiantes negros, latinos, asiático-estadounidenses e indígenas, así como a otros alumnos de comunidades marginadas que afrontan mayores índices de discriminación.
Además, sostienen que allanará el camino para prácticas discriminatorias que con demasiada frecuencia privan a los estudiantes de igualdad de oportunidades educativas por motivos de raza, color y origen nacional.
"Nos oponemos firmemente a la derogación del Departamento y le instamos a que restablezca la herramienta de evaluación del impacto discriminatorio y se tome en serio su mandato legal, conforme al Título VI, de prevenir y abordar la discriminación racial en nuestras escuelas", concluyen las organizaciones.
Entre los firmantes figuran LatinoJustice PRLDEF, Proyecto Avance, el Fondo de Defensa Legal, la Alianza por los Derechos de los Niños, el Instituto Árabe Americano, el Centro para la Justicia Racial y Económica, la Facultad de Derecho de la Universidad de California en San Francisco, el Fondo de Defensa de los Estadounidenses de Origen Asiático y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).