Los especialistas pidieron que esta política trascienda los periodos de gobierno, garantice un financiamiento oportuno para las clínicas dializadoras y priorice la prevención y la detección temprana de la enfermedad renal, en un contexto en el que la deuda acumulada del Estado con estos establecimientos asciende a unos 400 millones de dólares, según los organizadores del foro, que se celebró en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).
Durante el encuentro en Quito, el director del Grupo de Investigación One Health de la Universidad de Las Américas (UDLA), Esteban Ortiz, señaló que existen deficiencias en las estrategias de prevención y promoción destinadas a diagnosticar de forma temprana las enfermedades renales.
Por su parte, la jefa del Servicio de Nefrología del Hospital Metropolitano, Andrea Portilla, afirmó que "la diálisis salva vidas", pero consideró necesario fortalecer la atención integral para que los pacientes reciban tratamiento desde las etapas iniciales de la enfermedad y no únicamente cuando requieren una terapia de reemplazo renal.
Además, el investigador del Instituto de Salud Pública de la PUCE Andrés Peralta sostuvo que "la salud necesita un acuerdo nacional que trascienda los gobiernos".
En medio de la crisis, hace dos meses, pacientes de cáncer y diálisis de la Amazonía se manifestaron en Quito, capital del país andino, para denunciar que el retraso de los pagos para sus tratamientos ya había provocado decenas de muertes en el territorio.