En un comunicado de la Presidencia, el Ejecutivo calificó de "infundadas" y "falsas" las acusaciones en las que Washington sustenta la medida, y rechazó la decisión anunciada la víspera por la Casa Blanca.
Según el Gobierno brasileño, Washington se basó de nuevo en acusaciones "sin ningún fundamento" para la prórroga, entre ellas, supuestas violaciones a la libertad de expresión de ciudadanos y empresas estadounidenses, censura y detenciones ordenadas por la Corte Suprema y una presunta persecución política "contra un expresidente de Brasil, su familia y sus apoyadores".
Aunque la nota oficial del Gobierno estadounidense no lo menciona, hace referencia al exmandatario Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses por liderar una trama golpista tras salir derrotado en las elecciones de 2022 por Luis Inácio Lula da Silva.
El juicio al expresidente fue fuertemente criticado por el mandatario estadounidense, Donald Trump, su aliado y amigo, quien ordenó el año pasado imponer aranceles adicionales del 50 % a varios productos brasileños, en represalia por las acusaciones contra Bolsonaro, basándose en esa declaración de emergencia.
Brasil afirmó que esas acusaciones ya fueron "ampliamente rebatidas" en reuniones entre autoridades de ambos países, reafirmó su soberanía y la independencia de los poderes del Estado y defendió que el Poder Judicial actúa con estricto apego a la Constitución.
"Resulta enteramente inapropiado caracterizar a Brasil como una amenaza para Estados Unidos, especialmente a la luz de los históricos lazos diplomáticos y de amistad que unen a los dos pueblos", señaló el Ejecutivo.
La Casa Blanca anunció el martes la prórroga de la declaración de emergencia nacional emitida hace un año al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) y que entra hoy en vigencia, al considerar que persisten las circunstancias que motivaron su adopción.
En la notificación, el Gobierno estadounidense reiteró que las políticas y acciones de Brasil afectan la economía de Estados Unidos, restringen la libertad de expresión de ciudadanos estadounidenses y vulneran derechos humanos.
La renovación de la declaración no modifica, sin embargo, el régimen arancelario vigente entre ambos países.
Los gravámenes del 50 % anunciados por Trump en 2025 con base en esa orden ejecutiva fueron posteriormente bloqueados por la Corte Suprema de Estados Unidos.
Los aranceles actualmente aplicados a productos brasileños responden a otro mecanismo, una investigación comercial realizada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) con base en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
La decisión del Gobierno de Trump se da a tres meses de las elecciones generales en Brasil, en las que el senador y candidato Flávio Bolsonaro, aspirará a la presidencia de Brasil.
El hijo mayor de Jair Bolsonaro aparece como el principal rival de Lula, quien lidera todos los sondeos electorales..