Los aranceles, del 25% y el 12,5%, fueron impuestos por Estados Unidos tras dos investigaciones iniciadas este año al amparo de la Sección 301 de su Ley de Comercio, una de ellas específica para Brasil y otra, centrada en acusaciones relacionadas con el trabajo forzoso, que ha afectado a unas 60 economías globales.

De acuerdo con la parte brasileña, estas tarifas son incompatibles con diversas disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994 de la OMC, así como con las reglas del mecanismo de solución de diferencias en la organización.

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Con la apertura de la disputa, se da a las partes 60 días para intentar resolver las diferencias por vía bilateral, y en caso contrario el demandante puede solicitar que la cuestión sea examinada por un comité de la OMC.