Noelia Castillo, diagnosticada con paraplejia, falleció el pasado marzo a los 25 años al recibir la eutanasia en el hospital donde estaba ingresada después de un año y medio de periplo judicial.
La fundación ultracatólica Abogados Cristianos, que representa a la madre (Yolanda Ramos) de la joven, aseguró este jueves en un comunicado que, con esta iniciativa, la progenitora de Castillo pretende que la ONU investigue "si el Estado incumplió su deber de protección hacia una joven con graves trastornos mentales, discapacidad y antecedentes de violencia sexual antes de autorizar una decisión irreversible".
El caso de Noelia Castillo empezó a ser conocido por la opinión pública española el 2 de agosto de 2024, día que había sido programada su eutanasia, tras haber recibido el aval del organismo público que vela para se aplique correctamente el derecho a la muerte digna que recoge la legislación española.
En el último momento, un juez paralizó la muerte asistida, en respuesta a la demanda interpuesta por el padre de la joven, asesorado por Abogados Cristianos.
El caso pasó por el juzgado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (norte de España), el Supremo y el Constitucional, que inadmitió el último recurso, en el que el padre volvía a pedir suspender de forma cautelarísima la eutanasia.
Finalmente, casi dos años después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó paralizar la eutanasia como había pedido su padre tras agotar todas las vías legales en España.
La petición de Yolanda Ramos se apoya en un relato sobre las circunstancias que llevaron a Noelia Castillo a pedir la eutanasia. La madre denuncia "omisiones institucionales" como "la ausencia de una atención psiquiátrica efectiva, una insuficiente protección, la precariedad económica y la falta de alternativas reales orientadas a la vida".
La comunicación cuestiona la aplicación de la ley de eutanasia española y el cumplimiento por parte del Estado "de sus obligaciones internacionales de protección hacia una mujer víctima de violencia y en una situación de extrema vulnerabilidad".
Entre los argumentos que utiliza la progenitora para poner en duda la protección ofrecida por el Estado, incluye que Noelia Castillo creció en un contexto "de grave vulnerabilidad social y económica" que llevó a su ingreso en un centro tutelado y que fue víctima de una agresión sexual en grupo, además de tener diagnosticado un trastorno límite de la personalidad y una depresión crónica, entre otros.
Así, la madre sostiene que "España no desplegó la protección reforzada que debía garantizar a una mujer víctima de violencia, con graves trastornos mentales y en una situación de extrema vulnerabilidad, permitiendo que acabara accediendo a la eutanasia sin haber agotado todas las alternativas razonables orientadas a la vida".