Italia ha sido el primero y el país más crítico con España, en una respuesta a la que se han sumado otros como Finlandia, Suecia o Dinamarca pero que también se ha replicado fuera de las fronteras europeas, con ataques del presidente estadounidense, Donald Trump, o de Israel, pero también de Rusia y China.
Incluso en las mismas instituciones europeas ha habido desavenencias y diferencias de posturas: mientras la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, calificaba de "inaceptables" las llegadas y pedía devoluciones "rápidas", el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha expresado su solidaridad con España y ha destacado la "firme respuesta" de su gobierno.
El Ejecutivo italiano fue uno de los primeros en pronunciarse ya el jueves y la primera ministra, Giorgia Meloni, confirmó que se están estudiando "medidas extraordinarias" para proteger las fronteras, incluso la suspensión de España del espacio Schengen (el acuerdo de libre circulación en Europa), aspecto que técnica y jurídicamente es inviable, como señala el propio Tratado que lo regula, si bien sí se pueden aplicar ciertos procedimientos restrictivos como el establecimiento de controles en las fronteras aéreas y marítimas.
Hoy mismo el Ministerio italiano del Interior ha ido un paso más allá al reintroducir controles en puertos y aeropuertos con España, una medida de refuerzo fronterizo que también ha adoptado Francia.
A las peticiones de que se suspenda a España del espacio Schengen también se ha sumado Finlandia, Dinamarca, Suecia, República Checa, cuyos gobiernos han calificado la situación de "amenaza" o "fracaso".
El primer ministro polaco, Donald Tusk, no ha pedido la suspensión, pero sí aseguró que "España debe tomar ejemplo de Polonia" para que sobreviva Schengen.
A estas posturas duras se han unido todo el espectro europeo de partidos de extrema derecha: desde la francesa Marine Le Pen, que prometió detener "la locura" y limitar la libre circulación a solo nacionales de la UE si gana el año que viene las elecciones presidenciales, al ultraderechista británico Nigel Farage, que ve en Ceuta "una batalla por el futuro de nuestra civilización" e insta a "despertar".
La mayoría de países no han querido ir tan lejos, pero sí se han mantenido en la postura de pedirle a España mayor rigor en la gestión de la frontera.
Austria y Bélgica también alzaron la voz, al calificar, el primero, de una "señal de advertencia" y el segundo al indicar que se trata de "una cuestión europea" y pidieron a España que "garantice que ni un solo migrante ilegal llegue al territorio continental europeo", en palabras del canciller austriaco, el conservador Christian Stocker.
Por su parte, ya en el ámbito extracomunitario, el primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, consideró la situación como "causa de preocupación", al tiempo que desde la oposición conservadora se alertaba del riesgo de un flujo en cadena hacia el Reino Unido.
El presidente francés, Emmanuel Macron, que en un principio se mostró duro con España al ordenar el refuerzo de la frontera, pasó a mostrarse más cercano tras la actuación rápida del Gobierno español, a cuyo presidente, Pedro Sánchez, trasladó su solidaridad e incluso le propuso ayuda.
Por su parte, Portugal, que también comparte una amplia frontera con España, mostró su "gran preocupación" y aseguró que la integridad del sistema Schengen depende de un estricto control fronterizo, pero mostró confianza en el Ejecutivo español que "desde el primer momento (...) ha dado garantías de que, en estrecha coordinación y cooperación con las autoridades marroquíes, hará revertir el flujo de miles de personas de estas semanas y, especialmente, de los últimos dos días".
También el canciller alemán, Friedrich Merz, aunque en un tono duro en el que ha advertido de que "España debe recuperar el control", ha mostrado "satisfacción" con la "intención de España de no permitir que los migrantes ilegales entren en el continente europeo".