"235 mártires fueron martirizados injustamente; niños quedaron huérfanos, mujeres quedaron viudas y madres perdieron a sus hijos. No hay justicia y no ha pasado nada", clama a EFE Rania, quien perdió a su hija y a su marido.
La voz de Rania resume el sufrimiento de toda una nación aquel 4 de agosto de 2020, cuando una fuerte explosión provocada por la combustión de 2.750 toneladas de nitrato de amonio, almacenadas allí desde hacía unos seis años sin medidas de protección, provocó una onda expansiva de enorme magnitud que afectó a toda la capital libanesa, donde barrios enteros arrasados y centenares de miles de personas se quedaron sin hogar.
"Esta es una catástrofe nacional, no solo nos afecta a nosotros. Afecta a toda la nación. Queremos un sistema judicial justo que nos haga justicia para que nuestros corazones encuentren la paz", dice a EFE entre lágrimas Nehad Abdo, quien perdió al hijo de su hermana en la tragedia.
Rania y Nehad, junto a otros familiares de las víctimas, acudieron este martes a un acto conmemorativo en memoria de los fallecidos en Beirut, en el que también participaron diplomáticos y responsables políticos.
Los familiares acudieron con retratos de los fallecidos. Algunos depositaron rosas y coronas junto a la placa con sus nombres. Tras un minuto de silencio, uno de los allegados tomó la palabra para pedir que la tragedia no caiga en el olvido y que, seis años después, se haga justicia.
La investigación judicial de una de las mayores explosiones no nucleares de la historia quedó marcada durante años por bloqueos y obstrucciones. El juez encargado del caso, Tarek Bitar, trató de avanzar, pero la pesquisa fue suspendida casi de forma ininterrumpida desde finales de 2021 hasta comienzos de 2025.
En febrero de 2025, se reanudó formalmente la investigación con nuevos interrogatorios a sospechosos. Más adelante, a finales de marzo de este año, la investigación concluyó y el expediente fue enviado a la Fiscalía General. La pesquisa menciona a 70 acusados, pero todavía no se ha tomado una decisión judicial definitiva.
Hasta hoy, el caso sigue siendo un símbolo de impunidad y negligencia estatal y una herida abierta en la sociedad libanesa.
"¿Por qué perdimos a nuestros hijos? Si hubieran estado detrás de una barricada luchando por una causa libanesa, lo entenderíamos, pero ¿por qué tuvieron que morir así? ¿Por qué se deja que este asunto quede impune?", se pregunta Nehad.
El presidente libanés, Joseph Aoun, pidió la víspera al poder judicial que emita cuanto antes el esperado auto de acusación.
"La herida no sanará y la nación no recuperará la confianza en sus instituciones", sostuvo en un comunicado. Unas declaraciones que Nehad agradece: "Nosotros le tendemos la mano a nuestro presidente y le pedimos que consiga nuestro derecho".
Pese a las promesas, las familias siguen sin confiar en la justicia.
Rania expresa su esperanza de que se haga justicia para que descansen ya, pero asegura que perdió fe en el sistema judicial libanés después de todos estos años: "No hay confianza, porque ellos saben quiénes son (los responsables) y no hicieron nada".
Mientras que para Nehad, ningún "país puede construirse sin un sistema judicial justo y sin que haya justicia". "Sin ello, seríamos un corral de animales donde los fuertes se comen a los débiles y los débiles quedan abandonados a su suerte", sostiene.
Nehad dice que durante seis años desconfió del sistema judicial, afirmando que las familias de las víctimas sufrieron "un sistema judicial politizado".
Ella volvió a recuperar un poco de esperanza cuando se apartó del todo al ex fiscal general del Líbano Ghassan Oueidat, quien primero estuvo vinculado al juicio y meses después fue apartado por sus lazos familiares con uno de los imputados, y más tarde tuvo fuertes choques judiciales con el juez Bitar.
"Agradecemos a nuestro presidente y al nuevo fiscal general... Si Dios quiere, ahora hay esperanza. Tenemos esperanza. Si no la tuviéramos, habríamos muerto", sentencia Nehad.