"La continua retención de los ingresos palestinos no puede considerarse una disputa financiera técnica. Se ha convertido en parte de una política más amplia con consecuencias directas para la población civil", denuncia en el informe Milena Ansari, directora para los territorios palestinos de la ONG Médicos por los Derechos Humanos Israel (PHRI, en inglés).
Según las cifras citadas en el informe, más del 75 % de los centros del Ministerio de Salud palestino (447 de 590) han reducido drásticamente su actividad a una o dos veces por semana. Desde 2025, el 63 % de los centros de atención primaria de salud operan parcialmente, muchos de ellos apenas un día a la semana, en comparación con los seis días que permanecían abiertos antes del 7 de octubre de 2023.
Desde esa fecha, día de los ataques de Hamás e inicio de una ofensiva militar israelí que ha devastado Gaza, Israel retiene miles de millones de dólares en ingresos fiscales y aduaneros recaudados en nombre de la Autoridad Palestina, el organismo gubernamental que administra retazos de Cisjordania ocupada.
Sin esos fondos, la Autoridad Palestina, del presidente Mahmud Abás, no puede pagar a los funcionarios, comprar medicamentos y mantener operativos hospitales y farmacias públicas.
El pasado mayo, los médicos palestinos iniciaron una huelga indefinida por el impago de sus salarios, lo que provocó el cierre de centros de atención primaria y limitó la atención de urgencias y de cuidados críticos.
Si bien la Asociación Médica Palestina anunció, un mes después, el levantamiento gradual de la huelga, el informe detalla que el personal sanitario "continúa trabajando con capacidad reducida, junto a la escasez de medicamentos y salarios impagos".
El ministro de Finanzas israelí, el colono y supremacista judío Bezalel Smotrich, no entrega los ingresos mensuales por aranceles a la Autoridad Palestina desde el año pasado y, hasta junio, Israel había retenido de forma acumulativa al menos 2.500 millones de dólares, según datos del International Crisis Group.
Esta crisis financiera se desarrolla de forma paralela a la intensificación de las incursiones militares israelíes y las restricciones de movimiento en Cisjordania, lo que dificulta aún más el acceso a los servicios de salud a más de tres millones de palestinos, que sin un permiso especial no pueden entrar a Israel o al ocupado Jerusalén Este.