"Seguimos solicitando la liberación inmediata de los guardabosques comunitarios", demandó esa la organización que dirige el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz, en un mensaje en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemoró el pasado 9 de agosto.
En enero de 2023, el Ministerio Público (Fiscalía) de Nicaragua acusó a un grupo de veinticuatro personas -identificadas por las ONG ambientalistas como guardabosques comunitarios- de invadir territorios indígenas y atacar a sus pobladores en el Caribe norte y les imputó los delitos de crimen organizado, usurpación de dominio público o comunal y aprovechamiento ilegal de recursos naturales.
Diez de los detenidos son guardabosques y ya fueron condenados. Los imputados estaban a cargo de monitorear y denunciar la invasión de "colonos" en territorios indígenas, así como la venta y arriendo ilegal de tierras, entre otros, de acuerdo con la Fundación del Río, que fue ilegalizada por las autoridades de Nicaragua y ahora su sede está en Costa Rica.
Los guardabosques Tony Bruno Smith, Dionisio Robins, Argüello Celso Lino, Ignacio Celso Lino, Donald Bruno Arcángel, Rodrigo Bruno Arcángel y sus hijos Oliver y Evertz Bruno, del territorio Mayangna Sauni As, en la reserva de la biosfera de Bosawas, en Caribe de Nicaragua, fueron detenidos arbitrariamente en distintos operativos entre 2021 y 2023, en represalia por su labor de defensa territorial frente a invasores y actividades extractivas ilegales, según esa ONG.
"El rol que juegan los guardabosques comunitarios en los territorios indígenas es un rol fundamental, y el régimen ha encarcelado a estas personas para mandar un mensaje a las comunidades indígenas y afrodescendientes de que no denuncien la situación de invasión y de lo que viven en sus territorios", afirmó Ruiz.
Para el ambientalista, con esas detenciones el Gobierno de Nicaragua -que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo- envía "un mensaje y un precedente de temor como parte de toda su estrategia de imponer el terror y el temor dentro y fuera de Nicaragua".
Ruiz denunció, además, que a pesar de que instancias internacionales han determinado la ilegalidad de sus detenciones, el Estado de Nicaragua mantiene su encarcelamiento.
Así mismo, el activista advirtió sobre la situación de salud de Rodrigo Bruno y los hermanos Celso Lino, quienes se hallarían en "condiciones de salud delicadas".
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) ha advertido que las poblaciones indígenas de Nicaragua corren el riesgo de ser exterminadas por la constante invasión de sus territorios.
Los pueblos indígenas y de ascendencia africana en Nicaragua viven en 304 comunidades establecidas en veintitrés territorios, la mayoría en las zonas más pobres y aisladas del país, según datos oficiales.