Los manifestantes portaron pancartas y tambores, y entonaron canciones con consignas contra la empresa y el Gobierno argentino, en una concentración pacífica que no interrumpió la actividad en Aeroparque, uno de los aeropuertos más importantes del país por ser punto de conexión entre las provincias y albergar también vuelos internacionales, pero sí ante la vista de cientos de pasajeros.
Franco Vázquez fue despedido el 31 de julio tras años trabajando en la compañía como tripulante de cabina y explicó a EFE la situación: "Estamos reclamando que nos paguen las indemnizaciones, la mayoría fuimos despedidos en el último mes y medio, en un proceso de desvinculaciones que empezó entre marzo y abril".
"Hay gente que todavía pertenece a la empresa pero desde junio no está cobrando sueldo y ahora está sin obra social (cobertura médica)", agregó Vázquez.
También explicó que hasta hace una semana, cuando Flybondi no había suspendido todos sus vuelos programados, los obligaban a presentarse a trabajar bajo la amenaza de que si no lo hacían la cancelación de servicios correría a cuenta de los trabajadores.
Los organizadores de la protesta no pertenecen a la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi, sindicato que -según denunciaron- fue organizado por la propia compañía y nunca atendió los reclamos de sus representados.
Entre el 6 y 10 de agosto, la empresa canceló 66 vuelos y cientos de pasajeros, que no pudieron viajar, no han recibido reembolsos.
A ello se suma que la Justicia argentina ordenó este jueves embargar las cuentas bancarias de la empresa por una deuda con el fisco.
Según pudo comprobar EFE, Flybondi sigue ofreciendo pasajes para múltiples destinos dentro de Argentina y hacia Paraguay, y la Administración Nacional de Aviación Civil recibió y convalidó el 5 de agosto pasado un plan de regularización presentado por la empresa, lo que en teoría le permite seguir operando.
Los extrabajadores denunciaron este viernes que Flybondi adeuda el pago de los retiros voluntarios y acuerdos de desvinculación homologados por la Secretaría de Trabajo, por lo que exigieron la intervención del Gobierno del presidente Javier Milei para obligar a la empresa a cumplir con sus obligaciones.
Julieta Vázquez, una tripulante de cabina despedida, dijo a EFE en Aeroparque que la falta de pago tiene graves consecuencias: "Hay compañeras a punto de dar a luz que contaban con un servicio médico que hoy ya no tienen, es realmente desesperante la situación. Hay compañeros que quedaron en la calle porque no pudieron pagar el alquiler, los están desalojando".
"El trato que recibimos no se puede explicar. Flybondi tenía un lema que era 'humano y humilde', pero hay compañeros a los que echaron por WhatsApp o correo electrónico", argumentó.
En julio, el fondo de inversión estadounidense COC Global, que en 2025 se convirtió en accionista mayoritario de Flybondi, reveló haber descubierto irregularidades en la antigua gestión.
Flybondi informó en julio pasado, a través de un comunicado, que en la auditoría se descubrieron "divergencias sustanciales entre la información ofrecida por el management (gestores) de la compañía y la verdadera situación de la misma".
Afirmó que el plan presentado entonces por la empresa se sustentó en "información falsa" y se cimentó sobre "una estrategia plagada de irregularidades de tinte fraudulento que afectó a los accionistas y tuvo consecuencias sobre los trabajadores y los pasajeros".
En Flybondi, fundada en 2016 y con operaciones desde 2018, también participa como accionista minoritario el fondo Cartesian Capital Group.