Al 31 de julio de 2026, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, que pertenece a la AMJ, documenta 51 hombres y nueve mujeres privados de libertad por razones políticas en Nicaragua, indicó esa ONG en una declaración.
De ese total, 15 son personas adultas mayores y 23 permanecen en condición de desaparición forzada, advirtió la AMJ, que aglutina al Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, al Monitoreo Azul y Blanco, y a la Unidad de Defensa Jurídica, que denuncian, documentan y dan acompañamiento jurídico a las víctimas de la represión en Nicaragua.
Estos organismos han documentado 1.506 detenciones por motivaciones políticas en los últimos ocho años.
La cifra actualizada al 31 de julio representa un incremento de 14 personas frente al corte de mayo pasado, aunque no todas responden a detenciones recientes, explicó la ONG.
Seis de esas 14 personas pertenecen al grupo familiar del fallecido exdiputado indígena miskito Brooklyn Rivera, de 73 años, que murió bajo custodia estatal, y los otros 8 son reportes de detenciones recibidas a destiempo, de acuerdo con la AMJ.
En el caso de los familiares de Rivera fueron capturados el 31 de mayo en Managua mientras intentaban reclamar el cuerpo del líder indígena para sepultarlo.
Esas cifras de personas presas políticas están avaladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El anterior informe registró la salida del exdiputado indígena miskito, fallecido bajo custodia estatal el 30 de mayo pasado, y volvió a incluir al antiguo comandante de la revolución sandinista Bayardo Arce, de 77 años, que había sido excluido en el documento anterior.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.