En su fallo, el tribunal de última instancia rechaza la posibilidad de que las empresas presenten una tercera solicitud de renovación de sus licencias, anulando así un fallo previo del Tribunal Supremo de Apelación y priorizando los derechos de participación ciudadana, la dignidad humana y la protección ambiental.
En representación del grupo ambientalista “Justicia Natural”, Melissa Groenink celebró la decisión de la corte: “Al anular el derecho de exploración de Shell, el tribunal puso en última instancia a las personas por encima de las ganancias y confirmó que quienes son cómplices de un proceso ilegal no pueden beneficiarse de él”.
La disputa legal se inició en 2021 cuando organizaciones ecologistas y comunidades locales recurrieron a los tribunales para paralizar los estudios de sísmica marina de Shell.
Durante el proceso se reveló que Impact Africa había obtenido la licencia original en 2014 sin realizar una consulta comunitaria “significativa”, antes de ceder una participación del 50 % a Shell.
Por el contrario, el fallo generó un fuerte rechazo en el sector energético. La Cámara Africana de la Energía (AEC) condenó la sentencia al calificarla como un duro golpe para la seguridad energética de Sudáfrica y acusó a varias ONG financiadas por países occidentales de emprender una “guerra jurídica” para frenar el desarrollo de recursos en el continente.
“África no puede permitirse dejar sus recursos naturales bajo tierra mientras millones de personas sufren pobreza energética y desempleo”, declaró el presidente ejecutivo de la AEC, NJ Ayuk,
“Las comunidades deben ser escuchadas, pero la consulta no puede convertirse en un veto permanente sobre el desarrollo responsable. La guerra jurídica que ahuyenta la inversión termina perjudicando a las mismas economías y comunidades que pretende proteger”, añadió Ayuk.
Desde la patronal energética advirtieron de que este tipo de decisiones judiciales generará incertidumbre regulatoria en el país, lo que podría desviar capitales de exploración hacia mercados vecinos como Namibia, donde los recientes descubrimientos en la cuenca de Orange han atraído millonarias inversiones internacionales.
En 2024, el Tribunal Supremo de Apelación dictaminó que la concesión y renovación de los permisos era ilegal, pero permitió una tercera solicitud de renovación. Sin embargo, el máximo tribunal puso fin a este acuerdo haciendo hincapié en la necesidad de la participación pública y la protección del medio ambiente.
Las exploraciones sísmicas afectaban a una zona entre las localidades de Morgan Bay y Port St Johns (sureste) y tenían por objetivo encontrar nuevos depósitos de petróleo y gas.
En las aguas de este área habitan ballenas, delfines, focas, pingüinos y tiburones, entre otros animales, amenazados y protegidos a nivel internacional.