La fundación informó este martes en un comunicado que la solicitud, a nombre de López y Anaya, fue presentada la semana pasada ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), argumentando que "los cargos económicos presentados contra ambos tienen motivaciones políticas".
López, también defensora de derechos humanos, fue detenida el 18 de mayo de 2025 bajo el cargo de peculado (malversación), en relación a su labor como asesora en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante el período de Gobierno del expresidente izquierdista Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), pero la Fiscalía General cambió el delito a enriquecimiento ilícito cuando presentó la acusación formal en su contra.
Entre tanto, Anaya, abogado constitucionalista, fue detenido el 7 de junio del año pasado bajo acusaciones de lavado de activos, poco después de expresar públicamente críticas sobre diversas medidas gubernamentales, entre ellas la reducción de los espacios de participación democrática en El Salvador.
En los dos casos los procesos judiciales se encuentran bajo total reserva.
Para Caitlin Triplett, asociada legal internacional de HRF, según indica el comunicado, "los delitos financieros en cuestión en estos casos no tienen relación con la violencia de bandas y ni siquiera deberían estar en el estado de excepción".
"Esta situación demuestra cómo Bukele ha manipulado los poderes temporales de emergencia del país para convertirlos en una herramienta de represión, permitiendo la detención arbitraria de abogados, activistas y opositores al régimen", apuntó.
Jared Genser, director general de Perseus Strategies y asesor internacional de López, aseguró que la detención de la abogada López "forma parte de un intento mayor de silenciar a quienes se atreven a exponer la corrupción y exigir responsabilidades al Gobierno".
HRF y Perseus Strategies instan al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria a investigar los casos de López y Anaya, emitir una opinión declarando su detención arbitraria y en violación del derecho internacional, y solicitar que El Salvador tome medidas inmediatas para garantizar su libertad y otorgarles un derecho exigible a compensación y otras reparaciones, añade el comunicado.
En 2025 se registró la salida del país centroamericano de defensores de derechos humanos y ambientalistas, abogados y periodistas por el acoso policial y judicial que enfrentan por ser voces críticas del Gobierno de Bukele, según han denunciado diversas organizaciones humanitarias locales e internacionales.