El banderillazo lo dio el mismo Ortega el 19 de julio pasado cuando anunció que no habría más elecciones en Nicaragua y también anticipó que enviaría un paquete de reformas a la Asamblea Nacional (Parlamento) para materializar esa decisión, argumenta ese centro de pensamiento integrado por investigadores centroamericanos de distintas disciplinas.
En efecto, poco después, el presidente del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras, anunció una iniciativa de reforma a la Constitución "para anular definitivamente la posibilidad de unas elecciones justas, competitivas y transparentes", señala el informe.
El paquete de reformas contempla la extensión del período presidencial a siete años renovables, una medida extendida a más de 7.000 cargos públicos, incluidos los de elección popular, el Ejército y la Policía, advierte la Cetcam.
Ese Centro recuerda que entre 2024 y 2025 Ortega y Murillo "dieron un paso más en su radicalización autoritaria para imponer una dictadura dinástica en Nicaragua: mandaron a reformar la Constitución Política para subordinar a la Presidencia a todos los poderes del Estado, además de los gobiernos municipales y regionales".
Además, crearon dos copresidencias, limitaron el derecho de los ciudadanos para postularse a cargos públicos si se les consideraba "traidores a la patria", y extendieron el período presidencial de cinco a seis años.
Esas reformas, más el anuncio de Ortega de poner fin a las elecciones, "es mucho más grave porque sienta un precedente para Latinoamérica y para el resto del mundo", valoran los expertos.
No obstante, ese Centro observa que el anuncio de Ortega no ha pasado desapercibido para la comunidad internacional, incluido la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea.
Particularmente, según el informe, Estados Unidos ha sido uno de los más beligerantes con sucesivos mensajes y al más alto nivel, y recientemente solicitó convocar una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para abordar la situación de Nicaragua, generando muchas expectativas sobre el posicionamiento hemisférico.
Para la Cetcam, el anuncio no es un asunto menor ya que se trata de la culminación de un proceso en el que los Ortega Murillo han enterrado los últimos vestigios de la democracia y los derechos ciudadanos en Nicaragua, eliminando el más fundamental de todos: el derecho a elegir a los gobernantes.
Para las organizaciones y actores prodemocracia que se encuentran en el exilio, las intenciones de Ortega y Murillo representa un desafío más importante y urgente, "pero despeja el camino porque queda bastante más claro hacia dónde es necesario dirigir la incidencia", anota el informe.
"La comunidad internacional, especialmente el hemisferio americano, tiene una responsabilidad ineludible: respaldar decididamente los esfuerzos de toda la sociedad nicaragüense para restablecer la democracia o asumir lo que le corresponde por haber permitido que una nueva dictadura familiar se instalara en América", razona la Cetcam.
Nicaragua está gobernada desde 2007 por Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años que, desde 2017, dirige el país junto a su esposa, Rosario Murillo, primero como vicepresidenta y, con la reforma constitucional de 2025, como copresidenta.