La actualización del marco regulatorio, sumada a la Norma Oficial Mexicana 160 sobre residuos peligrosos, plantea un escenario de reinvención en el que las empresas deben hacer más eficiente el uso del agua y garantizar la trazabilidad de sus insumos.
México cuenta desde enero pasado con una Ley General de Economía Circular, que busca prolongar la vida útil de los productos, minimizar la generación de residuos y recuperar, reutilizar y reciclar materiales para reincorporarlos a la economía.
La norma, publicada el 19 de enero, introduce además la responsabilidad extendida del productor, que responsabiliza ambientalmente a fabricantes e importadores de sus productos durante su ciclo de vida, y contempla indicadores como la huella de carbono y el uso eficiente del agua.
“El marco del juego acaba de cambiar con la nueva ley”, afirmó el director de cuentas estratégicas en Latinoamérica de la empresa de gestión de residuos Veolia, Leonardo Urich, quien advirtió que el contexto exige a las compañías crecer reduciendo drásticamente su impacto ambiental.
La transformación cobra especial relevancia para una industria que representó el 1,6 % del producto interior bruto (PIB) mexicano en 2025, según la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), y cuya producción alcanzó ese año 20.576 millones de dólares.
El sector está además estrechamente integrado con Norteamérica: Estados Unidos es su principal socio comercial y concentra más de la mitad de las exportaciones mexicanas de productos químicos.
Cynthia Ríos, directora de Comunicación Corporativa de la alemana Henkel, destacó la necesidad de asumir mayores compromisos en las cadenas de suministro y afirmó que el nuevo marco “ayuda a que todos tomemos responsabilidad”.
Por su parte, el director de desarrollo de negocios industriales de Veolia en México, Julio Guerra, defendió las oportunidades de inversión conjunta derivadas de las nuevas exigencias y propuso que, “en vez de repartir culpas, compartamos riesgos” entre el sector público y la iniciativa privada.
Pero la industria también reclama que las mayores exigencias ambientales vayan acompañadas de reglas más sencillas y certeza jurídica.“No pido que nos quiten la regulación, sino que sean más claras”, declaró el director de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene de la ANIQ, Rubén Muñoz.
En declaraciones a EFE, Muñoz consideró que reducir la tramitología resulta determinante para evitar que las empresas mexicanas pierdan clientes en los mercados internacionales y reclamó certeza jurídica sobre las concesiones de agua e incentivos para invertir en tecnología ambiental.
“México tiene la ubicación geográfica y el acceso a las materias primas, hay mucha oportunidad de que la industria química pueda seguir creciendo”, afirmó.
La ANIQ representa a alrededor de 260 empresas y más del 95 % de la producción química privada del país.
Los representantes empresariales consideran que la aplicación de las nuevas disposiciones sobre residuos, prevista para comienzos de 2027, será una prueba para convertir las mayores exigencias ambientales en inversiones y ventajas competitivas.