"En Honduras, la desaparición de personas constituye una crisis persistente que adopta múltiples manifestaciones, incluyendo la violencia, la migración forzada, la trata de personas y los conflictos sociales", subrayó Izaguirre durante una reunión entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público.
La defensora pidió a las instituciones articular acciones de protección y atención para las víctimas y sus familias, al tiempo que destacó la necesidad de fortalecer la respuesta estatal ante las denuncias de desapariciones.
"Un minuto no es solo tiempo, es la diferencia entre perder y encontrar a una persona", enfatizó Izaguirre, quien calificó el fenómeno como una “grave violación de derechos humanos” que afecta no solo a los familiares, sino también a la sociedad en su conjunto.
Señaló que la incertidumbre sobre el paradero de una persona y la falta de respuestas por parte del Estado vulneran derechos fundamentales, entre ellos el derecho a saber, a buscar y a ser buscado.
La titular del Conadeh exhortó a las autoridades de Seguridad y de la Fiscalía a sumarse a las acciones de concienciación y fortalecer la respuesta institucional ante las desapariciones, con mecanismos que permitan actuar de manera inmediata.
La falta de datos oficiales impide dimensionar con precisión el fenómeno. No obstante, comités de familiares de migrantes desaparecidos estimaban hasta mediados de 2025 unos 890 casos, de los que 814 corresponden a migrantes hondureños no localizados.
Por su parte, el Banco Forense registraba alrededor de 1.872 perfiles genéticos de familias hondureñas que buscan a sus familiares desaparecidos.
En agosto de 2024 fue aprobado el Protocolo de Búsqueda de Personas Desaparecidas, elaborado de manera interinstitucional con apoyo del CICR para estandarizar las actuaciones y garantizar una búsqueda inmediata.
Sin embargo, el Conadeh y organizaciones de familiares han insistido en la necesidad de fortalecer el marco jurídico hondureño mediante la aprobación de la Ley de Protección Jurídica de Personas Desaparecidas y sus Familiares, que establezca mecanismos efectivos de búsqueda, protección y acompañamiento, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.