Sunao Takami, de 58 años, fue condenado a muerte por rociar con gasolina y desatar un incendio en una abarrotada sala de 'pachinko' en la ciudad de Osaka.
Las víctimas mortales incluyen cuatro clientes del local y un empleado, recordó Hiraguchi, mientras que algunos de los heridos sufrieron discapacidades permanentes.
"Este caso fue un crimen extremadamente brutal, meticulosamente planeado y preparado, en el que un gran número de personas murieron calcinadas indiscriminadamente. Las llamas y el humo envolvieron a muchos clientes y empleados inocentes", afirmó el ministro de Justicia.
Takami es la primera persona en ser ejecutada en Japón desde junio de 2025, y la primera desde la llegada al cargo de la mandataria nipona, Sanae Takaichi.
Durante el juicio, el principal argumento de la defensa fue que la responsabilidad de Takami era limitada al verse afectado por delirios. No obstante, los tribunales ratificaron sucesivamente su plena responsabilidad y también desestimaron el argumento de que la ejecución por ahorcamiento viola la Constitución nipona por ser cruel e injusta.
"El Tribunal Supremo determinó que no existen razones para considerar que el ahorcamiento utilizado en nuestro país sea especialmente cruel en términos humanitarios en comparación con otros métodos", subrayó el ministro de Justicia.
Actualmente, afirmó Hiraguchi, hay 100 personas en el corredor de la muerte en Japón.
Japón es, junto a Estados Unidos, el único país democrático e industrializado que aún imparte la pena capital, una práctica criticada por organismos como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW) no solo por su vigencia, sino por el método (la horca) y porque se suele avisar a los reos con pocas horas de antelación.