Tras su publicación en el Boletín Oficial, último requisito para su entrada en vigor, el Ministerio marroquí de Justicia, autor de la legislación, recordó en un comunicado que la nueva ley forma parte de un proyecto más amplio para reformar el sector de la Justicia.
Añadió que el nuevo texto constituye un hito en la senda de actualización del marco jurídico que regula la profesión de abogacía, "considerada un componente esencial de la justicia y una garantía de protección de los derechos y libertades".
La nota explicó que la nueva ley pretende reorganizar diversas disposiciones relativas al acceso a la profesión, la formación y las prácticas, la inscripción en los cuadros de los colegios de abogados, el ejercicio de la profesión, la organización de despachos y sociedades de abogados, así como los derechos y deberes del abogado.
Además, busca mejorar los procedimientos profesionales y disciplinarios, "con el fin de lograr mayor claridad y eficacia en la gestión de todos los trámites relacionados con la profesión", subrayó.
El comunicado añadió que la legislación blindará las normas de integridad, independencia, imparcialidad y ética profesional, para fortalecer la confianza en la profesión y en su papel al servicio de la justicia y la protección de los derechos de los justiciables.
Asimismo, "reforzará el equilibrio entre la independencia de la profesión y su responsabilidad", afianzando los principios de transparencia y gobernanza en la gestión de los asuntos profesionales, y garantizando al mismo tiempo que el abogado ejerza sus funciones dentro del marco legal.
Precisamente, eso es lo que critican los abogados, que consideran que la nueva ley priva a los profesionales de las garantías de independencia y de la gestión autónoma de su sector.
Los letrados criticaron varios aspectos concretos, entre ellos una mayor intervención del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía en asuntos internos de su organización profesional, y el endurecimiento de los requisitos para acceder a cargos de responsabilidad.
Entre los puntos más cuestionados figura, en primer lugar, lo que consideran una injerencia en la autonomía de la profesión, al entender que algunos artículos otorgan más margen a la autoridad ejecutiva en materias que deberían seguir bajo el control de los órganos profesionales.
Asimismo, critican que la nueva ley prohíbe a las organizaciones autónomas de los abogados deducir cantidades de sus ingresos, en un intento, según dicen, por asfixiar financieramente a estos órganos, parte de cuyos fondos se destinaban a la cobertura sanitaria de los letrados.
Asimismo, denuncian que la ley no asegura la inmunidad de la defensa, puesto que habilita a los tribunales para tipificar como delitos los contenidos de los alegatos de los abogados y abrirles procesos judiciales por ello.