Un ciudadano singapurense, de 68 años de edad, y otra persona de nacionalidad malasia, de 34 años, fueron los últimos dos ahorcados, según informó la agencia antinarcóticos de la isla en un breve comunicado, en el que no ofreció más detalles sobre los ejecutados.
El texto, como es habitual, señala simplemente que a los condenados se les garantizó representación legal en todo momento y que sus peticiones de clemencia al presidente de Singapur -gobernada de manera semiautocrática por el Partido de Acción Popular (PAP) desde su independencia en 1965- "fueron denegadas".
"La pena capital se impone únicamente para los delitos más graves, como el tráfico de cantidades significativas de drogas que causan daños muy graves, no solo a los consumidores, sino también a sus familias y a la sociedad en general", concluye el escrito, que no especifica la cantidad de droga implicada en estos casos.
Los ahorcamientos, el método que emplea Singapur, aumentaron en 2025 -15 confirmados por las autoridades, mientras las ONG hablan de 17-, superando el récord previo del que tienen constancia grupos, entre ellos Amnistía Internacional (AI): 13 en 2003.
En lo que va de 2026, según la agencia nacional antinarcóticos, se ha ahorcado a 13 ciudadanos de Singapur, cuatro de la vecina Malasia y un hombre de 79 años que las autoridades de la isla identificaron como apátrida cuando informaron de su ejecución el pasado día 7.
Se desconoce la identidad de casi todos los ejecutados, aunque se sabe que la mayoría eran hombres, de entre 32 y 79 años, según los informes oficiales.
Este nuevo récord llega cuatro días después de que un grupo de expertos de la ONU pidiese a las autoridades de Singapur poner fin al "uso ilegal" de la pena capital en delitos relacionados con drogas y "establecer una moratoria oficial con vistas a la abolición total" de esta práctica.
La nación asiática tiene una de las leyes antidrogas más draconianas del planeta y contempla la pena de muerte a partir de un mínimo de 500 gramos de tráfico de marihuana y 15 gramos de heroína, en procedimientos que ONG y activistas tachan de opacos.
La isla, que tiene uno de los PIB per cápita más altos del mundo, suele defender las ejecuciones como una manera de mantener seguro el país y afirma que son disuasorias para el consumo de drogas, sin apoyarse en datos.
Solo en 2025, la Policía detuvo a 3.208 personas por posesión y tráfico de drogas, la mitad menores de 30 años de edad, incluido un niño de 12 años, según datos oficiales.