La Comisión de Derechos Humanos, integrada por familiares de víctimas del conflicto, conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se recuerda en el país centroamericano cada 30 de agosto, y también reclamó verdad, justicia y reparación.
"El Estado salvadoreño sigue en deuda con las víctimas de las desapariciones forzadas del conflicto armado y las desapariciones actuales", apuntaron e indicaron que "no se debe olvidar el sufrimiento de las víctimas".
"La esperanza de encontrarlos vivos es lo que nos mantiene con vida", agregaron.
El presidente Nayib Bukele, reelecto en 2014 para un segundo mandato consecutivo a pesar -en ese momento- de una prohibición constitucional- carga con una deuda histórica de acompañar a las víctimas del conflicto armado interno (1980-1992) para que obtengan justicia y reparación, a lo que se suman acusaciones de violación de los derechos humanos durante su presidencia.
La guerra salvadoreña, causada principalmente por la pobreza, la desigualdad social, la represión militar, estalló tras el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero (marzo 1980) y dejó cientos de masacres de civiles de las que ninguna ha sido judicializada.
El Gobierno de Bukele se suma a los anteriores que no han acompañado a las víctimas de esa guerra, muchas de ellas ancianos ya y que han esperado más de 40 años para saber la verdad de los hechos, obtener justicia y reparación, según han señalado diversos activistas de derechos humanos.
Además, desde la llegada al poder en 2019 de Bukele, antiguo militante del partido formado a partir de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), el país no realiza actos oficiales para conmemorar la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, que pusieron fin a la guerra.