"Nueve de los diez cuerpos fueron identificados y uno continúa en abordaje forense debido al estado en el que se encuentra. De los nueve cuerpos identificados cuatro son femeninos; cinco, masculinos y tres, menores de edad", expresó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en un comunicado.
El ataque fue ejecutado el jueves pasado en una zona rural y los muertos, según el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pertenecían al Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una disidencia de las FARC que lidera Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.
De la Espriella, que asumió la Presidencia hace solo tres semanas, ha prometido mano dura contra los grupos armados ilegales y contra la delincuencia en general.
El pasado viernes, su Gobierno emitió unas resoluciones que ponen fin a las conversaciones con tres grupos armados ilegales, entre esos el EMBF, "por ausencia de voluntad de paz".
El departamento del Guaviare, ubicado en el suroriente del país entre la Orinoquía y la Amazonía, ha sido históricamente una zona de presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas.
En enero de 2026, enfrentamientos entre facciones de las disidencias de las FARC en el mismo departamento dejaron 26 muertos.
La ONG Human Right Watch (HRW) pidió el lunes pasado a De la Espriella que adopte medidas para acabar con el aumento del reclutamiento de niños por parte de grupos armados en el país, que calculó son unos 1.500 desde 2021.
Entre 2020 y 2025, los grupos armados reclutaron con mayor frecuencia a niños de entre 15 y 16 años, muestran datos de la Defensoría del Pueblo, que recogió un informe publicado ese día por HRW.
Según el Ministerio de Defensa, entre enero de 2016 y octubre de 2025 la edad media de reclutamiento fue 15 años tanto para niños como para niñas.
Sin embargo, más del 30 % de los casos reportados involucraron a niños de entre 10 y 14 años y los funcionarios de protección infantil informaron a HRW de que han tenido conocimiento de un número creciente de niños más pequeños reclutados, incluyendo algunos de tan solo nueve o diez años.
La defensora del pueblo, Iris Marín, aseguró durante la presentación del informe que es necesario que el Gobierno "atienda los riesgos de reclutamiento de grupos armados" y que centre la respuesta a esta problemática en la atención a las víctimas.