El pasado sábado Alvarez fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión en una investigación por distribución y comercialización ilegal de hidrocarburos, un caso conocido como Triple A, que se suma a los 3 años impuestos en la causa denominada Grillete, por no usar el dispositivo electrónico ordenado en el primer proceso.
"Como ninguna de las dos (sentencias) está ejecutoriada, la situación es prácticamente igual a la que estaba antes de que se dicten las sentencias. Él sigue siendo alcalde", dijo el abogado Julio César Cueva en una rueda de prensa.
Anotó que los derechos civiles y políticos de Alvarez "todavía no están conculcados porque evidentemente la sentencia no está ejecutoriada".
El letrado indicó que en el caso 'Grillete' presentaron el recurso de ampliación y de aclaración para conocer -entre otros temas- si se usó inteligencia artificial para redactar la sentencia de primera instancia.
Sobre el caso 'Triple A' dijo que "Alvarez y su familia no han sido investigados por fiscales objetivos y no han sido juzgados por jueces imparciales", e indicó que ampliará sus comentarios sobre la sentencia -revelada de forma oral el pasado sábado- cuando la tengan por escrito.
En su opinión, la sentencia, de primera instancia, "no refleja lo que pasó en el juicio probatoriamente hablando" y anticipó que presentarán recursos legales.
La investigación en el caso Triple A se inició tras una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arconel), en la que se alertaba sobre una distribución y comercialización irregular de combustibles, lo que habría generado un perjuicio al Estado, debido a diferencias considerables entre el volumen despachado y el facturado por varias estaciones de servicio y empresas comercializadoras.
Según la investigación de Fiscalía, el perjuicio económico al Estado ascendería a 61.502.658,39 dólares, correspondiente a 22.777.191,80 galones de combustible (diésel y gasolina).
El Ministerio Público sostiene que los informes periciales determinaron que las capacidades de almacenamiento de las estaciones de servicio no corresponden con el volumen adquirido a las empresas procesadas.