Esta decisión se produce después de que el propio Seguro solicitara su revisión al alto tribunal porque “tenía fundadas dudas sobre si se salvaguardaba el interés superior del niño y si se garantizaba, por decisión administrativa, la proporcionalidad de la duración de la privación de libertad de los ciudadanos extranjeros que no han cometido ningún delito”, explicó en un comunicado la Presidencia portuguesa.
No obstante, el TC declaró que la norma en cuestión no es inconstitucional y aclaró, además, dudas interpretativas, ofreciendo orientación a los tribunales y autoridades administrativas, agregó el despacho de Seguro.
Por esto, el presidente decidió promulgar la iniciativa, que ahora deberá ser publicada en el Diário da República, tras lo que entrará en vigor.
Esta nueva ley fue presentada por el Gobierno del primer ministro, el conservador Luís Montenegro, en diciembre de 2025 en el marco del endurecimiento de las políticas migratorias que ha impulsado desde su llegada al poder.
El Ejecutivo explicó que con esta iniciativa se busca acelerar los trámites para las expulsiones y prohibir el “abuso” de los mecanismos de asilo.
La norma fue aprobada el 17 de julio en el Parlamento gracias a la abstención del partido ultraderechista Chega y con los votos a favor de los gobernantes Partido Social Demócrata (al que pertenece Montenegro) y CDS-PP y de Iniciativa Liberal.