Los transportistas han colocado barricadas y atravesado camiones así como otros vehículos para evitar el paso de miles de conductores en las carreteras de mayor flujo en Guatemala.
De acuerdo a la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, al menos una docena de vías terrestres están paralizadas en distintos puntos de Guatemala, entre ellas las rutas que conectan el país centroamericano con México y El Salvador.
Las gremiales que agrupan a los transportistas a cargo de las protestas exigen una reducción en el precio de los combustibles, que han sufrido un aumento de más del 50 % en el último semestre por diversos factores, incluidos los enfrentamientos militares entre Estados Unidos e Israel con Irán. Además, también solicitan que se remuevan algunos impuestos municipales.
Actualmente, según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el precio del diésel en Guatemala oscila en los 6,08 dólares el galón, la gasolina superior en 5,45 y la regular 5,21 dólares.
Uno de los dirigentes de los gremiales, William Barrera, indicó a periodistas que esperan que sean atendidos por el presidente del Congreso, Luis Contreras, para solucionar sus requerimientos.
El 23 de julio pasado, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, anunció una nueva iniciativa de ley con la que solicitó al Congreso la aprobación de un subsidio para los combustibles, el segundo en lo que va del año. Sin embargo, los transportistas se oponen al mismo y exigen otros mecanismos para que se reduzca el precio de las gasolinas.
En abril pasado y durante un periodo de tres meses, el Congreso aprobó a petición del Organismo Ejecutivo, un subsidio de 261,7 millones de dólares, pero los consumidores se quejaron que el pago no se vio reflejado en la rebaja del precio de los carburantes.
Por su parte, la Cámara del Agro expresó su rechazo a los bloqueos porque "ponen en riesgo el abastecimiento y distribución de los alimentos" y porque afectan también a pequeños productores.
En un comunicado, la institución demandó al presidente guatemalteco, al ministerio de Gobernación (Interior) y a la Policía Nacional Civil (PNC), garantizar la libre locomoción y el derecho al trabajo, la salud, educación y la libertad de industria y comercio.