Duterte –hija del expresidente Rodrigo Duterte (2016-2022), detenido en La Haya por presuntos crímenes de lesa humanidad durante su campaña antidrogas– manifestó a las puertas del tribunal de primera instancia de Ciudad Quezón, acompañada por sus abogados, sentirse insegura y haber recibido amenazas, según las transmisiones de los principales medios filipinos.
La orden de arresto, que no implica culpabilidad, fue emitida el viernes, tras determinar el tribunal que existe causa probable para someter a juicio a la vicepresidenta por tres cargos de amenazas graves.
La corte fijó una fianza de 120.000 pesos filipinos (unos 1.900 dólares) por cada cargo, sin que su equipo legal haya aclarado si la depositará.
El caso se remonta a finales de 2024, cuando, en plena ruptura con Marcos Jr, hijo del exdictador Ferdinand Marcos, Duterte aseguró haber contratado a alguien para matar al presidente, a su esposa, y al entonces presidente de la Cámara de Representantes si ella era asesinada antes.
"Las consecuencias legales inmediatas podrían ser limitadas si paga la fianza, pero las repercusiones políticas son, obviamente, significativas (...). Queda por ver si los filipinos perciben esto como un ejercicio de rendición de cuentas o como una persecución política", señaló el politólogo Cleve V. Arguelles, fundador de la firma de investigación de opinión pública Momentum Research, en X.
"Han acosado el lugar donde están mi madre y mi hijo. ¿A dónde voy? Si pago la fianza, el acoso no cesará. Si no la pago, iré con la Policía. No confío en la Policía ni en los tribunales. ¿Quién responderá si muero esta noche? ¿Quién rendirá cuentas? (...). No me siento segura en absoluto", dijo Duterte a su llegada al tribunal, en declaraciones recogidas por el diario Philstar, uno de los principales del país.
La vicepresidenta y Marcos Jr se aliaron electoralmente para los comicios de 2022 y arrasaron en las urnas, antes de romper relaciones en medio de disputas políticas que derivaron en la salida de Duterte del Gobierno en junio de 2024.
La vicepresidenta afronta un juicio político paralelo en el Senado por varias acusaciones, como abuso de poder y corrupción, que también incluyen amenazas al presidente. El veredicto se espera para antes de que finalice el año y podría derivar en su destitución e inhabilitación y frustrar así su ambición presidencial de cara a las elecciones de 2028.