El anuncio se dio en un acto en la refinería 'Gualberto Villarroel', en las afueras de la ciudad central de Cochabamba, con la asistencia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco; y el presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, junto a autoridades locales.
En su discurso, Paz destacó la nueva oportunidad que tiene el país para "conseguir su propio crudo, generar la refinación y poner (combustible) al mercado nacional a buen precio", en vez de que "unos cuantos" logren ganancias con la distribución de combustibles.
El mandatario mencionó que la producción de combustibles a menor costo servirá para disminuir la subvención que se mantiene a los combustibles y que servirá para la inversión en obras e infraestructura pública.
Por su parte, el presidente de YPFB explicó que desde esta semana se recibirá un millón de barriles de petróleo para su posterior refinación y aumentar la "producción combinada de gasolina y diésel" progresivamente, de 5.000 hasta los 10.000 barriles por día.
Daroca explicó que elevar la producción hasta 10.000 barriles al día exige un "esfuerzo financiero" del Gobierno, pero que el beneficio estimado de esta actividad será de 49 millones de dólares al año.
El mayor ejecutivo de la estatal YPFB explicó que la capacidad de la refinería en Cochabamba, junto a otra en la región oriental de Santa Cruz, es de 63.700 barriles al día, pero que actualmente la producción es de 24.000 barriles, algo que afirmó se debe a que "llega menos petróleo nacional".
También mencionó que entre 2021 y lo que va de 2026, la producción de líquidos "bajó casi un 42 %" y que Bolivia solamente ocupa el 38 % de su capacidad.
La proyección es que el petróleo refinado se convierta también en jet fuel, queroseno, gasolina de aviación, gas licuado de petróleo, lubricantes y cemento asfáltico, entre otros derivados.
El lunes, el Gobierno aprobó el decreto 5701, que autoriza de manera "excepcional" a las dos refinerías que posee Bolivia a importar petróleo "destinado a su procesamiento y comercialización directa" de derivados en respuesta a la emergencia energética y social.
La disposición del Ejecutivo autoriza la comercialización de derivados "a precio de mercado" a distribuidores mayoristas, grandes consumidores y clientes directos, sin que el precio esté sujeto a subvención.
Bolivia importa actualmente un 60 % de la gasolina y un 95 % del diésel que consume, con un gasto semanal de unos 90 millones de dólares.
El abastecimiento de combustibles líquidos ha sido irregular desde 2024, lo que se refleja en largas filas de vehículos que esperan por horas, o incluso días, para cargar carburantes.
Desde el inicio del Gobierno de Paz, en noviembre pasado, el abastecimiento ha tenido altibajos. Entre mayo y junio, el problema fueron los bloqueos de carreteras por protestas sociales, pero en las últimas semanas continuaron las filas en las gasolineras y el mayor problema es la falta de diésel.
El pasado 17 de agosto, el Ejecutivo retiró la subvención del diésel para los considerados "grandes consumidores", con un precio "referencial" inicial de 18 bolivianos (1,46 dólares, al tipo de cambio vigente), mientras que transportistas públicos y privados con consumos mínimos y pequeños productores agropecuarios pagan un coste de 9,80 bolivianos (0,79 dólares).