El Congreso español aprobó un ley promovida por Sumar (izquierda, socios del Gobierno socialista) para que los nacidos en la antigua provincia española del Sáhara antes de 1977 y sus descendientes puedan ser españoles, en un paso que la mayoría de los partidos y los representantes saharauis que han asistido al debate consideran "histórico".
La votación salió adelante con el apoyo del gobernante Partido Socialista, los socios del Ejecutivo; la abstención del Partido Popular (conservador) y Junts (nacionalista catalán) y el voto en contra de Vox (ultraderecha): 168 síes, 31 noes y 145 abstenciones.
Según colectivos saharauis, la ley podría beneficiar a entre 80.000 y 120.000 personas, tanto en el Sáhara Occidental como en los campamentos de Tinduf, en Argelia.
Desde la retirada de España, a comienzos de 1976 tras la firma de los Acuerdos de Madrid con Marruecos y Mauritania, el 14 de noviembre de 1975, Rabat administra cerca del 80 % de los 277.000 kilómetros cuadrados del Sáhara Occidental y defiende un plan de autonomía bajo su soberanía como única salida al conflicto, mientras el Frente Polisario (independentista) y Argelia insisten en un referéndum de autodeterminación que incluya la opción de independencia.
El conflicto experimentó un giro en octubre de 2025, con una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que refuerza la propuesta marroquí de autonomía como la base "más viable" para una solución política, en un contexto en el que la propuesta marroquí ha recabado un creciente apoyo internacional, con el respaldo de EE.UU, Reino Unido, Francia, España y la Unión Europea (UE), entre otros.
Para Ali Salem Tamek, presidente del Colectivo de Defensores Saharauis de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental (CODESA), la aprobación de la ley constituye un "paso positivo" y "un derecho que puede reparar una parte de una injusticia histórica, pero no debe convertirse en un sustituto del derecho del pueblo saharaui a la libre determinación, ni de la responsabilidad histórica y jurídica de España respecto de la descolonización del Sáhara Occidental".
El activista rechaza, en declaraciones a EFE, que Marruecos pueda interferir en la decisión de España porque "no ostenta la soberanía sobre el Sáhara Occidental y no dispone, conforme al derecho internacional, de una base jurídica que le permita ejercer atributos de soberanía sobre el territorio o imponerle sus leyes nacionales".
Advierte, no obstante, de una cuestión que considera "fundamental":"¿Estará España realmente dispuesta y será capaz de proteger a los saharauis que obtengan su nacionalidad cuando sufran violaciones de los derechos humanos por parte de la potencia ocupante marroquí? ¿Y defenderá sus derechos fundamentales, principalmente el derecho a la libre determinación?".
Ahmed Ettanji, de Equipe Media, cree que es "un paso histórico y una reparación, pero la nacionalidad española no puede ser solo un pasaporte sino dar derechos a los saharauis en las zonas ocupadas por Marruecos", alerta.
Ettanji considera que la iniciativa "traerá tensión entre Rabat y Madrid" y advierte de que "cuando un saharaui sea agredido por las autoridades de ocupación, España debe ejercer una protección consular e incluso personal".
"Es un avance importante, pero no sustituye el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Tampoco la responsabilidad del Gobierno español, que está legitimando la ocupación marroquí", sostiene.
Larbi Ennas, exdirigente militar del Polisario y analista afincado en El Aaiún, valora la decisión y "aunque he oído algunas voces que se han alzado por Marruecos intentando sacarle tres patas al tema, es totalmente, absolutamente legal y humanitario hasta cierto punto y no creo que tenga nada que ver con el conflicto, al menos de forma directa".
"Beneficia incluso a todas las partes" porque "seguramente facilitará la solución definitiva, dando más opciones a los saharauis que puedan estar descontentos con el estatus actual".
"España, cierra una página, una asignatura que tenía pendiente con esta colonia concretamente", agrega a EFE, mientras Marruecos "constitucionalmente acepta la doble nacionalidad" y a los simpatizantes del Frente Polisario "se les abren otras puertas que les facilitan muchas cosas, les facilitan el futuro".
Para Mahyub Salek, coordinador del movimiento disidente saharaui Jat Achahid -"El camino del mártir", creado en 2004 como una tendencia independentista enfrentada al Polisario y más próxima al diálogo con Rabat- "los saharauis no quieren esta propuesta por amor a España sino porque quieren tener una nacionalidad europea, para que, si quieren salir o entrar, puedan hacerlo cuando quieran. Eso es lo importante".
Brahim Hameyada, saharaui, fundador y director de la Academia de Idiomas Unamuno, en Dajla, dedicada a mantener y enseñar el español en el Sáhara Occidental, valora esta "reparación histórica de un derecho jurídico", aunque "tardía" porque "los saharauis han estado esperando años", y no en vano, "el Sahara era la provincia 53 de España".
La nueva ley tiene que pasar al Senado, donde al ser probablemente enmendada, deberá volver a la Cámara Baja para su aprobación definitiva.