Los manifestantes se retiraron del Anillo Periférico —arteria que conecta el centro histórico con el sur y oeste de la ciudad— y del extremo norte capitalino tras la advertencia del ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda, quien informó de la movilización de la fuerza pública combinada para habilitar varias de las rutas.
La medida del Gobierno respondió a un fallo de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país centroamericano, que otorgó un plazo de seis horas a las autoridades para desbloquear las carreteras, tras un ataque armado a unos 170 kilómetros al suroeste de la capital que dejó dos policías heridos.
El ministro de Defensa, Henry Sáenz, ratificó el despliegue de 23 comandos militares en apoyo a la Policía, asegurando que los paros corresponden a "actividades coordinadas con intereses oscuros".
De acuerdo con la Dirección General de Protección y Vialidad (Provial), de veinte puntos bloqueados, la intervención de la fuerza pública permitió habilitar tramos clave como la ruta que conduce a El Salvador, así como pasos en el suroeste y el norte del país.
Sin embargo, los reportes oficiales señalan que aún persisten al menos trece cortes viales activos, concentrados principalmente en la carretera que conduce al departamento norteño de Petén, sectores del noreste hacia el Atlántico y vías de acceso al sur del área metropolitana.
Estos bloqueos continuaban pese a que el Parlamento aprobó a última hora del martes, de urgencia nacional, un decreto que establece un fondo de compensación para fijar precios máximos de venta al consumidor de 39 quetzales (5,03 dólares) para el galón de diésel y la gasolina regular, y de 41 quetzales (5,29 dólares) para la superior.
Actualmente, según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el precio del diésel en Guatemala oscila en los 6,21 dólares el galón, la gasolina superior en 5,78 y la regular 5,50 dólares.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la máxima organización patronal del país, solicitó a la Fiscalía investigar a los autores intelectuales del colapso vial, denunciando extorsiones y la petición ilegal de documentos personales a los automovilistas.
"El Ministerio Público debe investigar si existe una coordinación, quién organiza estas acciones, si existe financiamiento y con qué propósito. Estos intereses y motivaciones pueden ser políticos y corresponde a la Fiscalía establecer las responsabilidades penales de quienes mantienen al país como rehén", declaró Charles Bland, directivo de la cúpula empresarial.
Según el sector empresarial, las protestas contra el alza internacional de los combustibles, iniciadas hace diez días, causaron pérdidas por 150 millones de dólares diarios en comercio exterior y 100 millones de quetzales (unos 13 millones de dólares) en recaudación fiscal.