"La autonomía universitaria no está por encima del orden público, ni significa autonomía en materia de orden público ni convierte a los campus en territorios sustraídos de la Constitución, de la ley o de la autoridad legítima del Estado", afirmó el mandatario en una alocución transmitida en sus redes sociales.
Asimismo, anunció la creación de un protocolo nacional para diferenciar entre las protestas pacíficas y las actuaciones que, según su Gobierno, impliquen violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público.
En ese sentido, el mandatario aseguró que respetará y garantizará la protesta pacífica que se desarrolle dentro del marco de la Constitución y la ley, pero advirtió que el terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques contra la fuerza pública y la población civil no pueden ser considerados formas de protesta.
La Policía, agregó, será la "primera autoridad operativa" para atender estos casos y podrá intervenir cuando desde las universidades se preparen actos vandálicos o terroristas.
"No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia", afirmó.
De la Espriella aseguró que la medida busca proteger a los estudiantes que quieren estudiar, debatir y protestar pacíficamente, pero advirtió que quienes utilicen los campus para preparar ataques, almacenar elementos destinados a la violencia o agredir a ciudadanos y miembros de la fuerza pública serán perseguidos por las autoridades.
El mandatario concluyó que las universidades deben ser espacios para "el conocimiento, las ideas y el debate" y no convertirse en refugios para la violencia o el terrorismo.