La reforma judicial, impulsada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018 - 2024) y consolidada por el partido oficialista Morena con el respaldo de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, representó una reestructuración profunda de la Constitución para transformar al Poder Judicial.
El núcleo central de ese proyecto convirtió a México en el único país del mundo en someter a la totalidad de sus jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la elección popular mediante voto directo.
El documental, dirigido por Amir Galván Cervera, sirvió como punto de partida para un crítico balance sobre la ruta política y social que derivó en esa reestructuración del Poder Judicial.
Tras la función, el exmagistrado Javier Laynez ofreció una entrevista a EFE en la que sostuvo que el nuevo modelo ha derivado en signos de "cooptación política", al considerar que los jueces mexicanos ya enfrentan presiones políticas que no enfrentaban antes de las elecciones judiciales.
"Sí hay presiones a los jueces en asuntos que le importan al Estado, sí lo estamos viendo; lo que se temía, sí está pasando", lamentó Laynez respecto a los efectos inmediatos del nuevo modelo a un año de su implementación.
A juicio del exjuzgador, desde que se estaba gestando la reforma, hubo fallas internas y factores externos que la hicieron posible.
Entre ellos, cuestionó el papel desempeñado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) durante la coyuntura, al señalar que la actuación del órgano fue decisiva para facilitar el quiebre del modelo judicial anterior.
"El Tribunal Electoral tuvo una responsabilidad histórica brutal, no solo porque se permitió la destrucción del Poder Judicial, sino de la transparencia", afirmó el exministro.
Asimismo, el jurista descartó categóricamente que en el corto o mediano plazo pueda gestarse una contrarreforma en el país y explicó que la presión diplomática o de socios comerciales como Estados Unidos no influirá en una revisión de la norma, al señalar que a los actores externos les preocupan aspectos económicos o de seguridad antes que la calidad de la justicia local.
Laynez atribuyó también parte del desenlace a la tardía reacción de la comunidad internacional, con la excepción de la relatoría especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La proyección del documental se presentó en un contexto de creciente debate nacional e internacional sobre la división de poderes en México, en un escenario donde las primeras evaluaciones sobre la implementación del nuevo sistema judicial mantienen dividida a la opinión pública y al gremio legal del país.