El fallo destaca que la cuenca de ese río está expuesta a altos niveles de violencia de grupos armados y redes de delincuencia, y que los Guardianes "se han mantenido firmes en la primera línea de defensa".
"Mediante la vigilancia de los daños ambientales, la labor de concienciación y formación con las comunidades afectadas y la exigencia de responsabilidades a las autoridades, el Cuerpo Colegiado de Guardianes demuestra cómo la protección de la naturaleza y de los derechos humanos fundamentales puede impulsarse desde las propias comunidades", señaló el jurado en un comunicado.
Esa organización ha trabajado en la última década en un contexto social y político "complejo" y con recursos "muy limitados", denunciando las zonas afectadas por la minería ilegal y la degradación ambiental e informando a las comunidades locales de los riesgos y de sus derechos.
"El trabajo del CCGA con las comunidades locales es fundamental para garantizar la protección del medio ambiente a largo plazo, ya que contribuye a formar a una nueva generación de guardianes y a reducir el riesgo de que los jóvenes sean reclutados por grupos armados", explicó la Fundación Rafto.
El grupo nació a raíz de una sentencia en 2016 de la Corte Constitucional de Colombia, que reconoció al río Atrato como un sujeto de derechos merecedor de protección y designó al Gobierno nacional y a las comunidades étnicas afectadas como representantes legales encargados de supervisar su cumplimiento.
El fallo resalta que el CCGA trabaja de forma activa con el Gobierno y otros actores relevantes para garantizar el cumplimiento de la sentencia y ejercer presión sobre las autoridades para que actúen.
Esta organización colombiana sucede en el palmarés del galardón a la iniciativa sudanesa Emergency Responde Rooms (ERR).
La Fundación Rafto ha premiado anualmente desde 1987 a defensores de los derechos humanos y la democracia, entre los que figuran cuatro personas que luego recibieron el Nobel de la Paz: la birmana Aung San Suu Kyi, el timorense José Ramos-Horta, el surcoreano Kim Dae-jung y la iraní Shirin Ebadi.
El premio, dotado con 20.000 dólares (unos 17.300 euros), lleva el nombre del profesor de historia económica Thorolf Rafto, que dedicó su vida a defender la democracia y los derechos humanos, y se entrega todos los años en noviembre en una ceremonia en Bergen, en el oeste de Noruega.