Pocos hablan en la calle de estas elecciones, que estarán dominadas por la abstención, tras una campaña de perfil bajo en un país golpeado por la mayor crisis migratoria registrada en sus fronteras. Más de 70.000 personas, según las autoridades españolas, cruzaron desde territorio marroquí hacia Ceuta el 30 y 31 de julio.
El episodio desencadenó una crisis humanitaria en el enclave español, tensiones diplomáticas entre Madrid y Rabat y roces con Bruselas, además de alimentar en Marruecos los reclamos patrióticos sobre Ceuta y Melilla, las dos ciudades españolas en el norte de África.
Los discursos oficiales no mencionan a las víctimas -al menos 141, según organizaciones civiles- y raramente se refieren a los miles de jóvenes que todavía permanecen en Ceuta.
La salida masiva a Ceuta confirma la tendencia apuntada por una encuesta de Afrobarometer en 2025: Más de la mitad de los menores de 30 años marroquíes se plantean emigrar y, de ellos, el 53 % lo haría de manera irregular si fuera necesario.
La tasa media de desempleo, en torno al 13 %, trepa hasta el 38 % entre los menores de 25 años. Cuatro de cada diez jóvenes son 'ninis', es decir, ni estudian ni trabajan.
Para la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) no se trata solo de precariedad económica. "La desesperanza ha dejado de ser un sentimiento individual para convertirse en la identidad de toda una generación", que ve en la migración una expresión de rechazo contra la desigualdad, "la corrupción, el autoritarismo y el abuso de poder".
Ese también fue el detonante del movimiento GENZ212 que estalló hace un año tras la muerte de ocho mujeres embarazadas en un hospital. Las protestas se han diluido por las detenciones masivas y las condenas de hasta 15 años para sus simpatizantes.
Paralelamente, organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, denuncian el uso del Código Penal contra activistas, periodistas independientes y usuarios de redes sociales.
Si la contienda se midiera por los indicadores macroeconómicos, el Ejecutivo saliente, liderado por el magnate Aziz Ajanuch, podría presumir de gestión.
El PIB creció un 4,9 % en 2025 y el Banco Mundial proyecta un 4,2 % este año. Iniciativas como el megapuerto de Tánger Med, la expansión de las industrias automotriz y aeronáutica y la inversión prevista de 19.000 millones de euros vinculada al Mundial de 2030 -que Marruecos organiza con España y Portugal- alimentan el relato oficial de un país inmerso en un proceso de modernización.
En la calle, sin embargo, la macroeconomía choca con la cesta de la compra. El salario mínimo no llega a 340 euros mensuales y no alcanza los diez euros por jornada en el campo.
Según el HCP, el órgano estadístico marroquí, casi el 40 % de los hogares se endeudan para cubrir gastos y el 75 % consideran que su nivel de vida ha empeorado.
El resultado electoral no alterará los pilares del Estado, encabezado por el rey, que concentra importantes atribuciones ejecutivas y religiosas como Amir Al Mouminine (Comendador de los Creyentes) y es jefe supremo de las Fuerzas Armadas.
Las urnas elegirán a los 395 miembros de la Cámara de Representantes. La legislación favorece una representación parlamentaria fragmentada, con un reparto de escaños según el censo electoral y no los votos válidos emitidos.
El rey nombrará al jefe de Gobierno entre los miembros del partido más votado. El Palacio conserva, además, la facultad de designar a los "ministros de soberanía": Exteriores, Interior, Defensa y Asuntos Religiosos.
¿Quién ganará estas elecciones? Los analistas no lo dudan, la abstención, que podría superar el 50 %.
Para votar es necesario inscribirse en el censo electoral. Lo están 15,8 millones de personas sobre una población de unos 38 millones. Los jóvenes de entre 18 y 24 años representan apenas el 4 % del registro. Las estimaciones sitúan, sin embargo, en cerca de 28 millones el número de marroquíes con derecho a voto. Para los expertos, esta diferencia prueba el desinterés electoral.
Las encuestas están prohibidas en Marruecos, pero los portales de apuestas coinciden con las previsiones de la calle: continuidad de la coalición gobernante, integrada por la derecha y los nacionalistas.
El principal desafío del nuevo Gobierno, resume a EFE el profesor de Derecho Constitucional Amine Essaid, será "reconstruir la confianza en el panorama político y preservar la paz social".