La masacre de los ocho civiles, ocurrida en cuatro ataques armados en distintos puntos, se produjo hace poco más de diez días en el municipio de Huité, en el departamento de Zacapa, a unos 150 kilómetros al este de la Ciudad de Guatemala, sin que hasta el momento la Fiscalía haya reportado detenidos.
En una conferencia de prensa, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, informó que el documento de la investigación, elaborado por una comisión multidisciplinaria del Ministerio de la Defensa Nacional, fue remitido a la Fiscalía.
De acuerdo con el Gobierno, el Ejército guatemalteco no estuvo involucrado en los ataques armados y tampoco actuó para reprimir los atentados, pese a que, según aseveró el ministro de Defensa, Henry Sáenz, algunos soldados en el municipio escucharon detonaciones sin identificar y por ello decidieron realizar “disparos disuasivos controlados de advertencia”.
Por esta razón, el Gobierno decidió poner a disposición de la Fiscalía a 107 militares y ordenó relevar de su cargo al jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, José Giovani Martínez Milián.
“El informe establece que al escuchar detonaciones de arma de fuego y no tenerse identificada una amenaza (...) el personal militar realizó disparos disuasivos controlados de advertencia para salvaguardar la vida”, precisó el ministro.
Así mismo, el presidente Arévalo de León enfatizó que la separación de los mandos militares busca garantizar la transparencia de las pesquisas judiciales frente a las denuncias comunitarias que señalan una presunta intervención del Ejército en el crimen, una hipótesis no comprobada hasta el momento.
Las circunstancias de la matanza, entre cuyas víctimas figuran tres mujeres y un menor de edad, no han sido esclarecidas por las autoridades, mientras que la Fiscalía ha detallado que hubo al menos cuatro escenas del crimen distintas dentro del municipio, en las que se recabaron 77 indicios balísticos.