"Las rebajas en estos casos son aberrantes de por sí, el Estado debe poner en el centro los derechos de las víctimas, su protección y el acceso a la justicia. No basta con invocar una interpretación jurídica como si la autoridad no tuviera margen de decisión", aseguró en un comunicado Rodrigo Bustos, director ejecutivo de la organización.
La polémica estalló la semana pasada, tras una investigación del medio nacional Interferencia que reveló que 56 condenados por abusos sexuales y pederastia se beneficiaron de una reducción de condena a través de diferentes decretos firmados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entre marzo y septiembre de 2026.
La mayoría de los 56 abusadores y violadores quedaron en libertad, a los que se sumaron al menos dos condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), de acuerdo con la prensa local.
La ONG insistió en que rebajar las condenas por estos delitos es “especialmente grave” porque contraviene el compromiso del Estado con el derecho a la justicia y la reparación de las víctimas.
"Chile tiene la obligación, en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus propias leyes, de proteger a niños, niñas y adolescentes frente a toda forma de violencia y abuso sexual", expresaron.
En relación a los casos de condenados por crímenes de lesa humanidad, la institución remarcó que estos "no son delitos comunes: comprometen obligaciones internacionales del Estado que no pueden quedar relegadas a una evaluación meramente administrativa".
El presidente de Chile, José Antonio Kast, reconoció el pasado lunes que su Gobierno cometió un "error", pero ratificó en el cargo al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, cuya salida se está pidiendo desde la oposición, así como desde sectores de los partidos oficialistas de derecha y ultraderecha.
Según la legislación chilena, Gendarmería (policía carcelaria) es la responsable de elaborar un listado con los criminales que cumplen con los requisitos para acceder al beneficio por buen comportamiento, un documento que luego es revisado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para su autorización final.
En cuanto a los requisitos que se deben cumplir para otorgar beneficios por estos delitos, Bustos mencionó que deberían darse algunas condiciones por parte de los condenados, "como saber si han mostrado arrepentimiento, si han colaborado o no con la justicia, si han cumplido la mayor parte de su condena o si se ha escuchado a las víctimas antes de tomar la decisión definitiva, algo que por ahora desconocemos".
"El Estado debe evitar medidas que puedan favorecer la impunidad por crímenes de lesa humanidad", concluyó AI.