"La barrera de acceso a la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) se materializa de forma diferenciada según el territorio y las condiciones institucionales. En el área rural persisten obstáculos significativos para la entrega", dijo durante su intervención Jinna Rosales, de la organización Acción Joven de Honduras.
El Estado hondureño, por su parte, defendió durante esta audiencia, celebrada en Panamá en el marco del 197 periodo de sesiones de la CIDH, la libre venta de ese tipo de anticonceptivo con base a la ley, un aumento de las compras del medicamento, programas sociales sobre su uso y capacitación a los equipos de salud.
Honduras aprobó en 2023 el uso libre y la comercialización de la píldora anticonceptiva de emergencia para asegurar el acceso a la salud sexual y reproductiva a las mujeres, después de estar prohibida y penalizada desde 2009 bajo el argumento de ser abortiva y pese a que en 1999 ya se había aprobado su venta sin receta médica.
Sin embargo, ahora existe un "riesgo" de volver a prohibir el anticonceptivo de emergencia porque la actual Administración de Nasry 'Tito' Asfura se ha declarado "provida", y desde el Parlamento nacen discursos contra ese tipo de medicamento bajo el argumento de su poder abortivo, según denuncian las organizaciones.
Las píldoras anticonceptivas de emergencia previenen el embarazo al impedir o retrasar la ovulación y no provocan un aborto, según información de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
"En Honduras, la desinformación sobre la pastilla anticonceptiva de emergencia, particularmente su falsa caracterización de abortiva no se limita a los prestadores de servicios de salud", indicó Rosales.
Explicó que "actores del sistema de justicia, fiscalías, tomadores de decisión y autoridades legislativas han reproducido activamente esta narrativa, incumpliendo su función de servidores públicos al anteponer prejuicios religiosos al deber de garantizar derechos".
Todo ello en Honduras, uno de los países con la taza más alta de embarazos adolescentes y donde el aborto está penalizado desde 1977, inclusive en caso de riesgo de vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación, en medio de intentos frustrados de legitimarlo por esas tres causales.
Sin embargo, Yolanda Montes, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, sostuvo que el país mantiene "un compromiso firme con la tutela integral de la persona humana en el ámbito de la salud reproductiva".