El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, informó este jueves en rueda de prensa que el Tribunal de Apelaciones de París "dio nuevamente la razón a Uruguay" y mantuvo el laudo arbitral que había descartado la pretensión de la empresa asiática.
Con esta decisión se vuelve ejecutable la condena a los demandantes a reembolsar al Estado uruguayo unos 4,1 millones de dólares en costos, a lo que se le suma una nueva sanción en costas de 300.000 euros (unos 334.894 dólares), cifra que, según Díaz, Uruguay “va a exigir cobrar”.
“Imagínense ustedes si el resultado hubiera sido exactamente diferente, tal como auguraban algunos gurúes del apocalipsis que aparecen por ahí cada vez que somos demandados”, subrayó.
El arbitraje comenzó en 2018 y a principios de 2020 el tribunal arbitral aceptó la objeción de jurisdicción de Uruguay, entendió que los demandantes, como beneficiarios discrecionales del fideicomiso, carecían de legitimación para reclamar por la inversión.
En ese sentido, los demandantes pidieron la nulidad del laudo ante la Corte de Apelaciones de París, que en 2023 les dio la razón.
Tras esa medida, Uruguay recurrió en casación y a comienzos del actual Gobierno de Yamandú Orsi la Corte de Casación francesa revocó esa sentencia y envió el caso a otro tribunal de apelaciones.
Díaz dijo que la actual administración “modificó un poco la estrategia" con la contratación de nuevos expertos así como el cambio de estudio jurídico para reforzar la defensa del país.
Sin embargo, reconoció que Aratirí todavía "podría intentar alguna maniobra legal", pero aseguró que “el embudo se va cerrando, hasta que se cierra del todo”.
Aratirí presentó su proyecto en 2011, durante el Gobierno de José Mujica (2010-2015), para una mina de hierro a cielo abierto de 6.210 hectáreas en los departamentos centrales de Durazno y Florida, un mineroducto de 212 kilómetros y una terminal portuaria en Rocha para exportar 18 millones de toneladas de hierro al año.
La empresa consideró un “cambio en las reglas del juego” la ley de minería de gran porte promulgada en septiembre de 2013.
Esa norma fijó un régimen tributario especial, garantías de cumplimiento y la participación del Estado en los ingresos de la explotación.
El caso se suma a otros triunfos de Uruguay en tribunales internacionales, entre ellos el que obtuvo en 2016 frente a la tabacalera Philip Morris durante el Gobierno del fallecido expresidente Tabaré Vázquez.