Jiang Lue, portavoz de la CCG, declaró en un comunicado que el grupo operativo liderado por el buque 'Hushi' realizó la operación "conforme a derecho" en esas aguas, donde venía reforzando sus actividades desde octubre para garantizar "de manera efectiva" el orden de la navegación.
"La Guardia Costera continuará intensificando las patrullas de aplicación de la ley en las aguas bajo su jurisdicción y defenderá con firmeza la soberanía territorial y los derechos e intereses marítimos de China", añadió el portavoz.
En respuesta, la Administración de la Guardia Costera (CGA) taiwanesa respondió con el despliegue del buque 'Ji'an' y otras embarcaciones para "vigilar todo el proceso", que calificó de "operación cognitiva de falsa aplicación de la ley" y de "verdadero hostigamiento".
"Nuestro país tiene derechos soberanos y jurisdicción sobre la zona económica exclusiva al este de Taiwán, mientras que China no tiene jurisdicción alguna sobre ninguna de las aguas de Taiwán", aseguró el organismo en un comunicado.
Desde el pasado verano, China ha redoblado su presencia marítima en torno a Taiwán con el envío de un número creciente de guardacostas, buques de investigación científica y otras embarcaciones oficiales a las aguas próximas a la isla y a sus archipiélagos periféricos.
Uno de los puntos más transitados son las aguas al este de Taiwán, una zona particularmente estratégica no solo por albergar vías marítimas clave para el comercio mundial, sino por ser la ruta que emplearían países como EE.UU. y Japón para socorrer a Taipéi en caso de invasión o bloqueo marítimo de China, de acuerdo con analistas de defensa.
En este contexto, el Gobierno taiwanés ha defendido en varias ocasiones que posee "derechos soberanos y jurisdicción" en la zona económica exclusiva al este de la isla, y también ha denunciado que Pekín "no tiene jurisdicción alguna sobre ninguna de las aguas circundantes" de Taiwán.
Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como "parte inalienable" del territorio chino y no descartan el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.