Pérez Pérez, indígena tzotzil que acompañaba a familias desplazadas por la violencia, fue asesinado a balazos el 28 de octubre, en el municipio de Chenalhó, en una región marcada por conflictos territoriales, desplazamientos forzados y la presencia de grupos armados.
Tras informar de las primeras dos detenciones, el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, afirmó hoy que las investigaciones continúan para identificar y arrestar a más personas que estarían involucradas en el crimen.
De acuerdo con el funcionario, las cámaras de videovigilancia permitieron reconstruir parte del ataque. Las imágenes muestran que Pérez Pérez ingresó a un taller mecánico y que, minutos después, un hombre pasó por el lugar en motocicleta y regresó acompañado de otro sujeto, quien presuntamente disparó contra el defensor.
La Fiscalía sostiene que el homicidio fue planeado y ejecutado de manera premeditada; sin embargo, aún falta esclarecer quién ordenó el crimen y quiénes más participaron.
Por su parte, José Vázquez, compañero de Reynaldo y también defensor de derechos humanos, afirmó que continuará acompañando a víctimas de violencia y desplazamiento forzado, labor que realizaba junto al activista asesinado.
Aunque reconoció los avances en la investigación, denunció que también ha recibido amenazas por su trabajo en defensa de las familias desplazadas, dijo que tiene dos denuncias pendientes por amenazas y que desde el año pasado solicitó medidas cautelares, sin obtener respuesta.
Ante el temor que persiste en la región, señaló que solicitó nuevamente protección y pidió a las autoridades que escuchen su demanda y respeten su labor.
“Espero que esta vez escuche la Fiscalía. Es más importante trabajar por la paz, por la unidad y el respeto como seres humanos”, expresó.
Vázquez advirtió que la inseguridad mantiene en riesgo a la población civil, y señaló que las agresiones contra quienes defienden los derechos humanos y acompañan a familias desplazadas no pueden quedar sin respuesta.
Durante más de una década, Pérez Pérez acompañó a familias desplazadas de Santa Martha, refugiadas en Polhó, y participó como mediador en conflictos agrarios de la región. Desde 2024 también trabajaba con mujeres y menores en situación de vulnerabilidad en Pantelhó.
Su asesinato se suma a otros crímenes contra defensores indígenas en Chiapas, entre ellos el del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, asesinado en 2024, y el del activista Simón Pedro Pérez López, ocurrido en 2021.