"La retirada de Rusia del Convenio de 1987 no constituye una negativa a cumplir con sus obligaciones internacionales para prevenir la tortura", señaló Zajárova en un comunicado.
Recordó que la entrada en vigor - el 1 de noviembre de 2026- de una decisión que fue anunciada hace un año es solo una cuestión técnica.
Mientras, enfatizó, Rusia continúa cumpliendo los compromisos asumidos por medio de la Convención contra la Tortura de 1984 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.
Las autoridades rusas se quejaron previamente de que la labor del país en el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura había sido bloqueada a causa del inicio de la guerra de Ucrania en 2022, lo que habría impedido la elección de un nuevo representante ruso desde diciembre de 2023.
La parte rusa aludió a criterios discriminatorios que socavaron la representación de Rusia en el organismo internacional, por lo que, argumentó, no tenía sentido seguir siendo signatario de la convención.
Rusia, miembro del Consejo de Europa desde 1996, anunció su intención de retirarse del organismo en 2022 después de que el Comité de Ministros de la organización suspendiera el derecho de Moscú a la representación en los órganos estatutarios del Consejo de Europa.
Defensores de derechos han acusado a las autoridades de obstaculizar y prohibir la labor de numerosos organismos que vigilan y denuncian las prácticas de tortura en el país, sobre todo, en los últimos años.