Los parlamentarios del partido opositor Libre presentaron en octubre a la Fiscalía la acusación con la que se busca iniciar un juicio de responsabilidades contra Morales y García Linera, para que respondan por "ejecuciones sumarias" y posteriores "detenciones ilegales" y "torturas" por el llamado caso 'terrorismo'.
El presidente de la Sala Penal, Carlos Ortega, indicó en una rueda de prensa en Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del poder Judicial, que se emitió "la resolución de apertura de la etapa de investigación" contra Morales (2006-2019) y de quien fue su vicepresidente, Álvaro García Linera.
Asimismo, indicó que la Sala Penal del TSJ emitió las órdenes para que en 72 horas se notifique sobre el inicio de la investigación contra Morales y García Linera.
Ortega indicó que el plazo de 30 días de la investigación preliminar "está corriendo" y que al terminar, el Ministerio Público dictará "la resolución conclusiva que corresponda en esta etapa".
Este caso ocurrió en abril de 2009, cuando en una operación policial en un hotel en la ciudad oriental de Santa Cruz murieron tres extranjeros entre ellos el irlandés Michael Dwyer, y la detención del croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó.
Todos fueron acusados por el Gobierno de Morales de formar parte de una célula terrorista que supuestamente pretendía la secesión de Santa Cruz y atentar contra el entonces presidente.
En 2015, tras someterse a un proceso abreviado, Tadic y Tóásó fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión por alzamiento armado con fines secesionistas.
Tras cumplir su condena, ambos abandonaron Bolivia alegando que temían por su seguridad y demandaron al Estado ante organismos internacionales por crímenes de lesa humanidad.
Las 39 personas procesadas en este caso denunciaron que el entonces Gobierno de Morales lo inició por motivos políticos para acallar a líderes opositores de Santa Cruz.
El caso se cerró en 2020, después de que el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez (2019-2020), opositora de Morales, a través del entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, retirara la acusación particular y la Fiscalía boliviana hiciera lo propio con la acusación pública, lo que llevó al archivo del proceso.
En 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a petición de la madre de Dwyer, emitió un informe que concluyó que "el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial" en perjuicio de los afectados.